• 9 agosto, 2020 00:16

NUEVO. Reglamento de adquisiciones y arrendamientos del INE.

Jul 22, 2020

Diario Oficial de la Federación
Miércoles 22 de julio 2020 [DOF]

PDF: reg adqu y arrend INE 22072020


ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA

ANTECEDENTES

I.        El 20 de agosto de 2013, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo JGE109/2013 aprobó someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

II.       El 29 de agosto de 2013, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria aprobó el Acuerdo CG209/2013 por el que se expidió el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2013.

III.      El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Republica promulgó la Reforma Constitucional en materia política-electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas Estatales. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”.

Respecto a la materia política-electoral, en el Decreto de Reforma se incluyen diversas disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y objetivos del otrora Instituto Federal Electoral para transformarse en el Instituto Nacional Electoral, entre las que destaca la creación de una autoridad electoral nacional que, además de las atribuciones a nivel federal con que ya contaba, ahora se le suman responsabilidades adicionales en el ámbito local.

IV.      El 20 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo INE/CG13/2014 aprobado el 29 de abril de 2014 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Consejo General), por el que se creó con carácter temporal la Comisión de Reglamentos, mediante el cual se le mandata presentar a Consejo General para su aprobación las propuestas de adecuación que derivan de la reforma constitucional en materia política-electoral, de los siguientes instrumentos: Reglamento de Sesiones del Consejo General; Reglamento de Comisiones del Consejo General; Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales; y Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; así como, proponer al Consejo General la expedición de otros instrumentos normativos que se deriven de la expedición de las leyes en la materia electoral y aquellos que considere necesarios para la persecución adecuada de los fines institucionales.

V.       El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos correspondientes por los que se expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

VI.      El 19 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG268/2014, expidió el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

VII.     El 26 de marzo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo INE/CG14/2014, aprobado el 29 de abril de 2014 en sesión extraordinaria por el Consejo General, por el que se emiten los Lineamientos para organizar los trabajos de reforma o expedición de Reglamentos y de otros instrumentos normativos del Instituto derivados de la Reforma Electoral, que de conformidad con el inciso d), de la fracción I de su Punto de Acuerdo Segundo, que establece que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (Junta), presentará a Consejo General para su aprobación las propuestas de expedición o reforma, según sea el caso, del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

VIII.    El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se

declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo que establece que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza y crea la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, así como las disposiciones jurídicas que emanen de ellas.

IX.      El 4 de mayo de 2016, se publicó el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

X.       El 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

XI.      El 23 de junio de 2017, en sesión ordinaria la Junta mediante Acuerdo INE/JGE118/2017, aprobó los Lineamientos para la utilización del sistema electrónico de información pública sobre adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraINE.

XII.     El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG32/2019 aprobó la modificación al Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE) y al Reglamento de Elecciones (RE), mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2019 y entró en vigor el 11 del mismo mes y año.

XIII.    El 28 de agosto de 2019, en sesión ordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG403/2019, aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2020.

XIV.    El 19 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Austeridad, la cual entró en vigor el 20 de noviembre del mismo año y de cuyo contenido se desprenden diversas acciones a cargo de los órganos con autonomía constitucional.

XV.     El 11 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Federación, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 y determinó una reducción de 1,071,562,960.00 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral.

XVI.    El 16 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General mediante Acuerdo INE/CG567/2019 se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2020, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.

XVII.   El 21 de febrero de 2020, en sesión ordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG79/2020, presentó las Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, las cuales se derivan de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, a propuesta de la Junta.

XVIII.  El 3 de julio del 2020, la Junta en sesión extraordinaria mediante Acuerdo INE/JGE82/2020, aprobó someter a consideración del Consejo General del Instituto el Proyecto de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

CONSIDERANDO

1.       De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones; todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; además, es la autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

2.       Que el artículo 134 constitucional refiere es sus párrafos 1, 3 y 4, que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, así como los servicios relacionados con la obra, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

         Asimismo, se establece que cuando los procedimientos a que hace referencia el párrafo 3 del diverso 134, no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

3.       El Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, será de orden público y tendrá por objeto regular la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que realice el Instituto, así como su debida planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control, al que se sujetarán los Órganos Centrales; los Órganos Delegacionales, y los Órganos Subdelegacionales.

4.       El precepto constitucional contenido en el párrafo segundo de la disposición señalada en el considerando 1, así como el artículo 31, párrafo 1 de la LGIPE determina que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

5.       El artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se rige para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, y las demás que le sean aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.

6.       De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1 de la LGIPE el Instituto Nacional Electoral cuenta con órganos centrales, que son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta y la Secretaría Ejecutiva.

7.       De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, párrafo 1 de la LGIPE, el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

8.       El artículo 36, párrafo 1 de la LGIPE dispone que el Consejo General se integra por un Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo, Representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo.

9.       De conformidad con el artículo 44, párrafo 1, incisos a) y jj) de la LGIPE, el Consejo General tiene las atribuciones de aprobar y expedir los Reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la Ley o en otra legislación aplicable.

10.     De conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 51 párrafo 1, incisos d) y l) de la LGIPE y 41, párrafos 1 y 2 incisos b), h) y gg) del RIINE, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; y tiene dentro de sus atribuciones someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia; proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta, así como establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.

11.     Los artículos 59, párrafo 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE, y 50, párrafo 1, incisos b), c), f), o), y), x) y ee) del RIINE, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), tiene entre otras la facultad de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto; atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto; establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de administración de personal, recursos materiales y servicios generales, recursos financieros y de organización del Instituto; dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativos-administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la aprobación de la Junta, organizar y dirigir la administración de los recursos materiales, financieros, así como la administración del personal del Instituto; administrar, operar y mantener los sistemas in-formáticos relacionados con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática y conforme a la normatividad aplicable en la materia; coordinar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para dotar a las Unidades Responsables del Instituto, de los recursos de arrendamiento, mantenimiento, obras y conservación de inmuebles que requieran para el desarrollo de sus atribuciones; así como las demás que le confieran la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.

12.     El artículo Sexto Transitorio, párrafo segundo de la LGIPE, señala que las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del mencionado Decreto seguirían vigentes, en lo que no se oponga a la Constitución y a la LGIPE, hasta en tanto el Consejo General no emita aquéllas que deben sustituirlas.

13.     El artículo 42, párrafo 1, incisos l) y u) del RIINE, establece que le corresponde a las Direcciones Ejecutivas, entre otras, proponer y promover programas de modernización, simplificación y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la organización y administración en el ámbito de su competencia y las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.

14.     El artículo 67, párrafo 1, inciso e) del RIINE, señala que la Dirección Jurídica estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y que dentro de sus atribuciones está, entre otras, la de preparar y/o revisar proyectos de Reglamentos interiores y demás dispositivos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto.

15.     El artículo 82, párrafo 1, inciso ff) del RIINE, señala que al Órgano Interno de Control le corresponde recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en los términos de los Reglamentos del Instituto en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

16.     El artículo 1o., párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que: “Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.”

17.     Derivado de la reforma constitucional en materia política-electoral y la expedición de la LGIPE, en función del principio de unidad normativa y con la finalidad de brindar coherencia integral al sistema institucional de toma de decisiones cuando se trata de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, necesarios para la operación y la administración de programas y proyectos, se hace necesario emitir el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, para que se adecue a los fines, funcionamiento, alcance, medios para satisfacer las necesidades de adquirir, arrendar bienes muebles y servicios, así como a la normativa vigente en el Instituto Nacional Electoral, a fin de que se sustituya el reglamento en materia de adquisiciones que se venía aplicando.

18.     En la discusión de la reforma del Reglamento citado, se buscó dar cabida a la pluralidad de opiniones, por lo que se consideraron en todo momento las aportaciones de los integrantes de otras áreas e instancias del Instituto que propusieron cambios al ordenamiento referido.

19.     La propuesta de reforma del multicitado Reglamento tiene por objeto, establecer las disposiciones a que deberá sujetarse el Instituto Nacional Electoral, en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que requiera para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 Constitucional y el segundo párrafo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; aplicando en lo conducente las medidas de austeridad que se deben observar en el ejercicio del gasto público federal conforme lo establece la Ley Federal de Austeridad Republicana.

20.     Las propuestas de cambio en términos de los fines del Instituto de acuerdo con lo dispuesto en la LGIPE implican la actualización y ajuste de la normatividad relativa a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, para brindar coherencia integral con el actual sistema institucional.

21.     Se plasman las denominaciones de aquellas unidades administrativas del Instituto, que con motivo de diversas modificaciones del Reglamento Interior del Instituto cambiaron sus funciones y atribuciones.

22.     Se actualizan las denominaciones de los diversos ordenamientos legales invocados en el Reglamento del Instituto en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios.

23.     Se precisa que, respecto a las contrataciones y en el ámbito de su competencia, los servidores públicos sujetos al Reglamento estarán obligados a realizar una interpretación gramatical, sistemática y funcional de la misma, tomando en consideración los criterios constitucionales y legales de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, acorde a lo previsto en el artículo 134 Constitucional, como se venía considerando desde el anterior reglamento de la materia.

24.     Se señala que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo que establece el propio Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

         Acorde con lo anterior y toda vez que los principios eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio de los recursos públicos se encuentran contemplados en el Reglamento que se propone someter a consideración del Consejo General, se estima que con estos trabajos se ha cumplido con el mandato del artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Austeridad Republicana, máxime que adicionalmente se han emitido las criterios de racionalidad y austeridad a los que se debe sujetar este Instituto.

25.     Se establecen nuevas posibilidades para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles y servicios, mediante la celebración de contratos o convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, organismos autónomos, con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, con organismos, universidades e instituciones de educación superior o centros de investigación, ampliando las posibilidades para la adquisición y contratación de servicios.

26.     Con la emisión del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, se propone privilegiar que los contratos correspondientes se suscriban mediante el uso de firma electrónica, observando los principios de racionalidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos como medida que permita generar ahorros en el gasto del Instituto, acorde con el Reglamento de la materia de este Instituto.

27.     Se perfeccionan las definiciones de los conceptos que aborda el Reglamento del Instituto en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios y se eliminan aquellos que ya están considerados en otros ordenamientos legales.

28.     La participación del Órgano Interno de Control como asesor en el Comité de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, garantiza que esa instancia conozca las dictaminaciones y las justificaciones que les son inherentes a las excepciones a la licitación, en pleno ejercicio de su función de asesor y emita las recomendaciones del caso.

29.     Se establece la descentralización de funciones de Oficinas Centrales con respecto de las Oficinas Delegacionales y Subdelegacionales.

30.     Se presenta la propuesta de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, con el objeto de contar con un ordenamiento actualizado que brinde certeza y promueva nuevas modalidades de adquisición y arrendamiento de bienes muebles y servicios, que garantice la aplicación de los principios constitucionales y rectores del Instituto en el desempeño de sus funciones, de conformidad con los Antecedentes y Considerandos del presente Acuerdo, con el fin de que se contribuya al establecimiento de principios y criterios que permitan facilitar y simplificar su aplicación en la práctica por parte de las áreas del Instituto.

En virtud de las consideraciones expuestas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en los términos de su Anexo, el cual se adjunta al presente y forma parte integrante del mismo.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- Se abroga el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, aprobado mediante Acuerdo CG209/2013.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones internas del Instituto que se opongan a lo dispuesto en este Reglamento o que se encuentren dispersas en otros documentos normativos.

QUINTO.- La Junta General Ejecutiva, deberá expedir de ser necesario, la actualización y/o emisión de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Nacional Electoral, y demás disposiciones de carácter administrativo, en estricta correspondencia con el Reglamento mencionado, en términos de lo expuesto en el presente Acuerdo.

SEXTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Jurídica, en su ámbito de competencia, estarán facultadas para interpretar el presente Reglamento para efectos administrativos y legales, respectivamente.

SÉPTIMO.- Las disposiciones contenidas en el Reglamento a que se refiere el Acuerdo Primero, son de observancia general y carácter obligatorio para los órganos del Instituto Nacional Electoral y las personas físicas o morales que participen en las actividades, previas, durante o posteriores a los procedimientos de contratación o en los medios que se utilicen para la formalización de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios.

OCTAVO.- Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán hasta su conclusión en los términos y las disposiciones establecidas en el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente a la fecha del inicio del trámite.

NOVENO.- Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán regulándose hasta su terminación por las disposiciones del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente a la fecha del inicio del trámite.

DÉCIMO.- Las controversias y procedimientos administrativos relativos a la instancia de inconformidad, sanción a proveedores, conciliaciones y arbitraje, así como los recursos de revisión que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado.

DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la NormaINE, en la Gaceta Electoral y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, así como un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación con la liga electrónica para la ubicación del Anexo en dicho medio.

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 8 de julio de 2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al Artículo 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por cinco votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, asimismo, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.


REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS

Título Primero

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones a que deberá sujetarse el Instituto Nacional Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que requiera para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 Constitucional y el segundo párrafo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; aplicando en lo conducente las medidas de austeridad que se deben observar en el ejercicio del gasto público federal conforme a lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana y los acuerdos adoptados por el Consejo General del Instituto y la Junta General Ejecutiva..

Los contratos o convenios de colaboración que celebre el Instituto Nacional Electoral con las dependencias y entidades de la administración pública u organismos autónomos de carácter federal o local, con organismos, universidades e instituciones de educación superior o centros de investigación y organismos internacionales, no estarán dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento. No obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento cuando el ente de que se trate no tenga capacidad para hacerlo por sí mismo y contrate a un tercero para su realización.

Asimismo, no estarán dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, aquellas que por la naturaleza de la norma específica, acuerdo del Consejo General o acuerdo emitido en cumplimiento de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no sea posible observar las bases y procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, bajo su responsabilidad, aprobará y difundirá las Políticas, Bases y Lineamientos en la materia, mismas que serán sometidas a su consideración por la Dirección Ejecutiva de Administración una vez que cuente con la dictaminación en sentido favorable por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

El Instituto Nacional Electoral se abstendrá de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que no cumplan con lo establecido en este ordenamiento.

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I.             Administrador del contrato: Titular del Área Requirente, en términos del artículo 68 de este Reglamento, en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales o servidor público designado, para administrar y vigilar que se cumpla lo estipulado en los contratos que se celebren;

II.            Área Coordinadora: Cualquier unidad responsable en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales que, tratándose de proyectos vinculados entre Unidades Responsables, funge como Área Requirente y se acompaña para llevar a cabo la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios, de un Área o Áreas Técnicas;

III.           Área requirente: Cualquier unidad responsable en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales que solicite formalmente la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios;

IV.           Área técnica: Cualquier área en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales que elabora las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios y que se deberán considerar en el procedimiento de contratación. Será responsable de responder a las preguntas que realicen los licitantes en las juntas de aclaraciones, evaluar la oferta técnica de las proposiciones presentadas por éstos y, tratándose de bienes, deberá inspeccionar su recepción o la prestación de los servicios;

V.           Bienes muebles: Los que con esa naturaleza considera el Código Civil Federal;

VI.           Caso fortuito o fuerza mayor: El acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza, caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible e insuperable, ajeno a la voluntad de las partes involucradas y que les impide el cumplimiento de cualquier tipo de obligaciones. Siempre y cuando dicho evento se encuentre más allá del control razonable de dichas partes, sea insuperable mediante el ejercicio de la diligencia debida en sus funciones o actividades y no sea resultado de su falta o negligencia.

VII.          Comité: el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional Electoral es el órgano colegiado en Órganos centrales cuyas facultades, integración, responsabilidades y funciones están contenidas en el presente Reglamento y en sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios;

VIII.         CompraINE: el sistema electrónico de información pública sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado de manera enunciativa mas no limitativa, por los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, de órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a las licitaciones, invitaciones a cuando menos tres personas; y sus modificaciones, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; las adjudicaciones directas electrónicas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos relativos a las contrataciones que realice el Instituto.

Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El sistema estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga;

IX.           Convocante: la unidad o área facultada para emitir la convocatoria a la licitación pública y las invitaciones a cuando menos tres personas; así como de realizar solicitudes de cotización en adjudicaciones directas. En órganos centrales serán los titulares de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y de la Subdirección de Adquisiciones y en órganos delegacionales y subdelegacionales, es el Vocal Ejecutivo;

X.           Contratante: la unidad o área facultada en el Instituto para llevar a cabo la formalización de contratos o pedidos contratos a efecto de adquirir o arrendar bienes muebles o contratar la prestación de servicios que requiera el Instituto. En órganos centrales es el titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y la Subdirección de Contratos y en órganos delegacionales y subdelegacionales, es el Vocal Ejecutivo;

XI.          Contrato Marco: Es el acuerdo de voluntades que celebra el Instituto Nacional Electoral con uno o más posibles proveedores, mediante el cual se establecen de manera general las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios, entregables y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios que posteriormente, mediante contratos específicos, según sea el caso, sean formalizados por el Instituto Nacional Electoral;

XII.          Costo Beneficio: El análisis y evaluación de la adquisición, arrendamiento o servicio, que consistirá en determinar la conveniencia de la contratación mediante la valoración en términos monetarios asociados directa e indirectamente, así como la factibilidad técnica, legal y ambiental.;

XIII.         Cotización o propuesta: documento impreso, digital o electrónico mediante el cual los oferentes, o licitantes proporcionan al Instituto la información administrativa, legal, técnica y económica necesaria para integrar la investigación de mercado o para el procedimiento de contratación para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o servicios;

XIV.         DEA: Dirección Ejecutiva de Administración;

XV.         DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios;

XVI.         Economía: Criterio que se refiere al ahorro o aprovechamiento del dinero, bienes, trabajo, tiempo y de cualquier otro elemento disponible que redunde en beneficio del Instituto Nacional Electoral para lograr los objetivos y metas programados, en un tiempo determinado;

XVII.        Eficiencia: Criterio que se refiere a la obtención de las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la adquisición o arrendamiento de los bienes o la contratación de los servicios requeridos.

XVIII.       Eficacia: Criterio que se refiere a la capacidad del Instituto Nacional Electoral de cumplir con

los objetivos de la adquisición o arrendamiento de los bienes muebles o la contratación de servicios que se pretendan realizar, de forma oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible;

XIX.         Estrictamente necesario: Se refiere a bienes muebles o servicios sin los cuales puede producirse una suspensión o retraso en el desarrollo de las funciones del Instituto Nacional Electoral;

XX.         Estudio de factibilidad: Documento impreso, digital o electrónico que contiene el análisis para determinar la conveniencia económica de obtener bienes mediante su adquisición o la modalidad de arrendamiento con o sin opción a compra, cuyo resultado debe formar parte de la investigación de mercado;

XXI.         Evaluación de proposiciones: Consiste en el análisis cualitativo y cuantitativo de las ofertas técnicas, económicas, así como de la documentación legal y administrativa presentada por los licitantes en el procedimiento de contratación, que realizan los Órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales que se hayan señalado en la Convocatoria, de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento y el criterio de evaluación preestablecido en la propia Convocatoria o Solicitud de cotización;

XXII.        Honradez: Criterio que se basa en la rectitud, responsabilidad e integridad y apego al marco jurídico aplicable en la actuación de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y de los oferentes o licitantes que participen en el procedimiento de contratación;

XXIII.       Imparcialidad: Criterio que refiere al desarrollo de los procedimientos de contratación sin designio anticipado o prevención en contra o a favor de algún licitante u oferente, en relación con la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, la prestación de servicios o sus condiciones;

XXIV.       Instituto: Instituto Nacional Electoral;

XXV.        Inversionista proveedor: Persona física o moral, que celebre un contrato de servicios de largo plazo con el Instituto;

XXVI.       Investigación de mercado: Es el documento en el que consta la verificación de la existencia de bienes muebles para adquisición o arrendamiento, o de los servicios requeridos; de proveedores o prestadores de aquellos a nivel nacional o internacional; así como del precio estimado, basado en la información que se obtenga en la propio Instituto, de dependencias, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

XXVII.      Junta General: La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral;

XXVIII.     Licitante: Persona física o moral participante en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas.

XXIX.       Mejores condiciones: Obtener los mejores y mayores beneficios en los procedimientos de adquisición o arrendamiento de bienes muebles y de servicios para el Instituto en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;

XXX.        MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

XXXI.       Observador: Cualquier persona que por sí misma o en representación de las cámaras, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, civiles o instituciones educativas, asista a los actos públicos de los procedimientos de contratación;

XXXII.      Oferente: Persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de adjudicación directa o proporciona su cotización para la integración de la investigación de mercado.

XXXIII.     Ofertas subsecuentes de descuentos: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuento que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica;

XXXIV.     Órganos Centrales: Las áreas del Instituto señaladas en los artículos 34 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, numeral 1, fracción II, apartado A y fracción III apartado A del Reglamento Interior del Instituto.

XXXV.      Órganos Delegacionales: Las Juntas Locales del Instituto.

XXXVI.     Órganos Subdelegaciones: Las Juntas Distritales del Instituto.

XXXVII.    OIC: Órgano Interno de Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado del control, fiscalización y vigilancia de las finanzas y recursos del Instituto;

XXXVIII.   Plan Estratégico Institucional: Instrumento a través del cual se define el rumbo estratégico institucional en un horizonte temporal de largo plazo a partir del cual se aplica un proceso de planeación. Este componente aporta elementos para la toma de decisiones a nivel de la alta dirección y orienta la conducción de la gestión institucional hacia el logro de sus objetivos y metas.;

XXXIX.     POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. Documento normativo que tiene por objeto establecer e integrar de forma sistematizada, los criterios, directrices, condiciones y acciones, que deben ser observados por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral previo, durante y posteriormente a la realización de los procedimientos de contratación en cumplimiento del artículo 134 Constitucional y a lo dispuesto por el presente Reglamento;

XL.          Precio conveniente: Es aquél que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación o Invitación a cuando menos tres personas, y a éste se le resta el porcentaje que determine el Instituto en sus políticas, bases y lineamientos;

XLI.         Precio no aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación e Invitación a cuando menos tres personas;

XLII.        Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles o prestación de servicios mediante contratación realizada por el Instituto;

XLIII.       Reglamento: El presente Reglamento;

XLIV.       Reglamento de Transparencia: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XLV.        Registro de evaluación de proveedores: Es el archivo o base de datos que contiene toda la información sobre el cumplimiento e incumplimiento de los proveedores en la prestación de servicios o entrega de bienes; así como incumplimientos a las obligaciones contenidas en los contratos que los proveedores formalizan con el Instituto;

XLVI.       Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Instituto;

XLVII.      Solicitud de cotización: Documento que contiene los requisitos y condiciones requeridas por el Instituto y se entrega a los proveedores para que formulen su propuesta en los procedimientos de adjudicación directa..

XLVIII.     Subcomité de Adquisiciones (SAAS): El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en los Órganos Delegacionales y Subdelegacionales;

XLIX.       Testigo social: Es una figura de participación ciudadana con derecho a voz en los procedimientos de contratación del Instituto, representada por las personas físicas y morales que conforman el padrón de testigos sociales en términos de lo previsto en los lineamientos específicos que al efecto emita la Junta General.. Tiene la finalidad de ser un mecanismo efectivo para impulsar la participación activa y directa de la sociedad civil, con un impacto positivo en la transparencia, honradez e imparcialidad de las contrataciones que realiza el Instituto.

L.            Transparencia: Criterio rector de los procedimientos de contratación, el cual podrá acreditarse mostrando que el flujo de información relativo al propio procedimiento es accesible, claro, oportuno, completo, verificable y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad;

LI.           Unidad(es) Responsable(s): Son las áreas establecidas en el Titulo Primero del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, que están obligadas a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de programas y proyectos institucionales.

LII.          Unidad de Medida de Actualización (UMA o UMAs): A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:

I.        Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;

II.       La adquisición de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministre el Instituto siempre que no estén incluidos en un contrato de obra y que no impliquen modificaciones sustanciales al inmueble al que se agregan;

III.      Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación por parte del proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad del Instituto, cuando su precio sea superior al de su instalación, debiendo atenderse en todo momento a las características y naturaleza de los bienes y servicios requeridos;

IV.      La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificaciones al propio inmueble, y que sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;

V.       La adecuación, reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza, seguridad y vigilancia;

VI.      La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales a cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionar dichos servicios con los activos de su propiedad o a través de un tercero, de conformidad con el proyecto que para la prestación de dichos servicios se haya instrumentado para tal fin;

VII.     La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales subordinados o bajo el régimen de honorarios;

VIII.    La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y

IX.      En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago a cargo del Instituto, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá al OIC, a solicitud de la DEA en órganos centrales, o el vocal ejecutivo, en órganos delegacionales y subdelegacionales, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción.

Artículo 4.- Las contrataciones en materia de difusión en medios impresos, Internet y elaboración e impresión de materiales promocionales, se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los Acuerdos del Consejo General y en los Lineamientos generales del Instituto para el uso de los recursos en materia de difusión en medios impresos e internet y elaboración e impresión de materiales promocionales.

Artículo 5.- La aplicación de este Reglamento será sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo que no se contrapongan a los ordenamientos que rigen al Instituto.

Artículo 6.- Será responsabilidad del Instituto contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista cobertura de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La DEA autorizará previamente la aplicación de la excepción, con base en el resultado de la investigación de mercado.

Artículo 7.- En el ámbito de su competencia, los servidores públicos sujetos al presente Reglamento, estarán obligados a realizar una interpretación gramatical, sistemática y funcional de la misma, tomando en consideración los criterios constitucionales y legales de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

La DEA y la Dirección Jurídica, en su respectivo ámbito de competencia, estarán facultadas para interpretar el presente Reglamento para efectos administrativos y legales, respectivamente y para emitir criterios con base en las consultas que en la materia se realicen para el debido cumplimiento del presente Reglamento.

La DEA deberá establecer las directrices conforme al servicio de carrera institucional para determinar los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones a que se refiere el presente Reglamento, así como las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones en esta materia, de conformidad con la normatividad aplicable, a fin de que se sometan a la aprobación de la Junta General.

Artículo 8.- El Instituto se apegará a las reglas que emita la Secretaría de Economía que tengan por objeto promover la participación de las MIPYMES; siempre y cuando no contravengan las disposiciones del Instituto.

Artículo 9.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la DEA será responsable de someter a consideración de la Junta General, los criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo; la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades que deban llevar a cabo los servidores públicos del Instituto que intervengan en los procedimientos de contratación y en la administración de los contratos correspondientes para el cumplimiento de este Reglamento.

Artículo 10.- Serán de aplicación supletoria de este Reglamento, en lo que corresponda, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 11.- Las áreas técnicas, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra.

Artículo 12.- Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, el área técnica deberá realizar un estudio de costo beneficio, con el que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos. El citado estudio deberá efectuarse mediante avalúo emitido por instituciones debidamente facultadas, expedido dentro de los ciento ochenta días naturales previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el valor diario de UMAs, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación respectiva.

Artículo 13.- El Instituto no podrá financiar a proveedores. No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 57 del presente Reglamento.

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días naturales, el Instituto otorgará en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de MIPYMES, salvo los casos en los cuales existan razones justificadas y plenamente acreditadas, para la entrega de dicho anticipo a empresas diversas de las señaladas.

En el caso de pago de suscripciones, seguros o de otros servicios en los que no sea posible efectuar el pago posterior a su prestación; las áreas requirentes serán responsables de elaborar la justificación correspondiente, fundada y motivada para obtener la autorización de pago anticipado, en órganos centrales por parte del Director Ejecutivo de Administración y en órganos delegacionales y subdelegacionales por parte del Vocal Ejecutivo.

Artículo 14.- Los contratos celebrados en territorio nacional respecto de bienes, arrendamientos o servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por lo dispuesto en este Reglamento y sus POBALINES.

Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados o prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional y en apego a las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 15.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, el Instituto optará, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 35 fracción I del presente Reglamento, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía.

En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de las POBALINES, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener más de cinco años de haber sido expedida. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.

Asimismo, se otorgarán igual cantidad de puntos a las MIPYMES nacionales que produzcan bienes con innovación tecnológica que tengan registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la modalidad de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, para lo cual deberán exhibir copia simple del certificado correspondiente.

Artículo 16.- Los actos, contratos y convenios que el Instituto realice o celebre en contravención a lo dispuesto por el presente Reglamento o que actualicen lo previsto en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, serán nulos previa determinación de las autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes.

La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Séptimo de este Reglamento.

Artículo 17.- La DEA determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrá adquirir, arrendar o contratar el Instituto, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad.

La DEA podrá promover como modalidad de contratación, los contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con los órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales, mediante los cuales éstos adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la suscripción de contratos específicos.

En las Políticas, bases y lineamientos se establecerán las condiciones para su celebración.

Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que los órganos delegacionales y subdelegacionales puedan agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios a fin de promover las compras regionales cuando resulten ser las mejores condiciones de contratación.

Artículo 18.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretenda realizar el Instituto, las unidades responsables deberán ajustarse a:

I.        Los objetivos y prioridades de los procesos electorales federales y locales, así como a las previsiones contenidas en sus programas y proyectos anuales, en el marco del Plan Estratégico Institucional;

II.       Las disposiciones específicas aplicables del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Austeridad Republicana y de las disposiciones emitidas por el Consejo General y la Junta General del Instituto, y

III.      Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto del Instituto para las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles o servicios o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones de los fideicomisos públicos que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 19.- El área requirente, estará obligada a que previamente a la solicitud de contratación de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, solicite por escrito que se verifique en los archivos del Instituto, la existencia de trabajos relativos a la materia de que se trate y que puedan ser utilizados. En todo caso, el titular del área requirente deberá justificar por escrito las razones y necesidades de su contratación considerando los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos del área requirente, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

Para la contratación de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, se deberá contar con la justificación del titular del área requirente, así como con el dictamen del área técnica respectiva, en el que se deberá acreditar que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.

Artículo 20.- El Instituto a través de la DEA en órganos centrales y los Vocales Ejecutivos en órganos delegacionales y subdelegacionales, integrarán, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional Electoral correspondiente al siguiente ejercicio fiscal, el que incluirá para dicho ejercicio las adquisiciones, arrendamientos y servicios que abarquen más de un ejercicio presupuestario, considerando:

I.        Los programas y proyectos que realicen las unidades responsables del Instituto;

II.       Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de los procedimientos de contratación;

III.      Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

IV.      La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;

V.       Las áreas responsables de su instrumentación, a nivel central, delegacional y subdelegacional;

VI.      Los programas sustantivos enfocados a la atención de los procesos electorales federales, de apoyo administrativo y de inversiones;

VII.     La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones;

VIII.    Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;

IX.      Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y

X.       Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.

La DEA y los Vocales Ejecutivos pondrán a disposición del público en general, a través del sistema CompraINE, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en el Reglamento de Transparencia.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para el Instituto.

La DEA y los Vocales Ejecutivos informarán al OIC de las modificaciones y actualizaciones efectuadas en forma mensual y se publicarán mediante el sistema CompraINE.

Artículo 21.- El Instituto contará con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en órganos centrales y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en órganos delegacionales y subdelegacionales, que tendrán las siguientes funciones:

I.        Revisar el programa anual y el presupuesto en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

II.       Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50 de este Reglamento. Dicha dictaminación también podrá ser realizada directamente por el Secretario

Ejecutivo del Instituto en casos excepcionales, debidamente justificados por el Área Coordinadora o Requirente conforme a lo previsto en el artículo 49, segundo párrafo de este Reglamento, mismas que recabarán la opinión del OIC. .

III.      Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que le presente la DEA, para que posteriormente dicha dirección ejecutiva los someta a consideración de la Junta General; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas;

IV.      El Comité establecerá en las políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios requeridos por el Instituto, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales;

V.       Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procedimientos de contratación y ejecución;

VI.      Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;

VII.     Aplicar los lineamientos relativos a la integración y funcionamiento del Comité y los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en órganos delegacionales y subdelegacionales, los cuales considerarán cuando menos las siguientes bases:

a.     Será presidido por el Director Ejecutivo de Administración o el Vocal Ejecutivo en órganos delegacionales y subdelegacionales; respectivamente;

b.    Los vocales titulares del Comité, serán: los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores; de Prerrogativas y Partidos Políticos; de Organización Electoral; del Servicio Profesional Electoral Nacional, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica; los titulares de las Unidades Técnicas o Coordinaciones Nacionales, de Comunicación Social; de Servicios de Informática; de Transparencia y Protección de Datos Personales; así como los directores de Recursos Materiales y Servicios, y de Recursos Financieros de la DEA. En órganos delegacionales: los Vocales Secretario; del Registro Federal de Electores; de Organización Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica; debiendo asistir como invitados y para emitir informes el Coordinador Administrativo; los Jefes de Recursos Humanos, Materiales y Financieros y en órganos subdelegacionales, los Vocales Secretario; del Registro Federal de Electores; de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, debiendo asistir como invitado y para emitir informes el Enlace Administrativo;

c.     El número total de miembros del Comité y los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en órganos delegacionales y subdelegacionales, deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración;

d.    La Dirección Jurídica y el OIC, deberán asistir a las sesiones del Comité, como asesores, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el Comité, sin que dichos pronunciamientos sean vinculantes para la toma de decisiones. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director de área o Titular de Unidad, y

e.     El Comité y los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberán dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración. Los lineamientos de dichos órganos colegiados establecerán las bases conforme a las cuales podrán, de manera excepcional, dictaminar los asuntos en una siguiente sesión.

VIII.    Coadyuvar al cumplimiento de este reglamento y demás disposiciones aplicables.

Los integrantes del Comité y de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en órganos delegacionales y subdelegacionales con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, de acuerdo con lo que se establezca en los lineamientos para su funcionamiento.

Las funciones previstas en las fracciones III y VI corresponden en exclusiva al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en órganos centrales.

Artículo 22.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a:

I.        Las disposiciones y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y

II.       Los objetivos, metas, prioridades y estrategias derivadas del Plan Estratégico Institucional y Políticas y Programas, que dicten según el caso, el Consejo General y/o la Junta General, respecto del ejercicio del gasto en las adquisiciones, arrendamientos y servicios incluidos en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables.

Los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados bajo la premisa de solicitar lo estrictamente necesario.

Acorde con lo establecido en Ley Federal de Austeridad Republicana; el Instituto no realizará compra o arrendamiento de vehículos de lujo o cuyo valor comercial supere las cuatro mil trescientas cuarenta y tres UMAs diarias vigentes para el transporte y traslado de los servidores públicos. Cuando resulte necesario adquirir o arrendar vehículos que superen dicha cantidad o de un tipo específico para desarrollar tareas indispensables, vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones del Instituto, se elaborará la justificación correspondiente por parte de la Contratante con la asistencia, en su caso del Área Requirente y/o Técnica, misma que se someterá a la consideración del OIC. En dichas contrataciones se deberá optar, preferentemente, por tecnologías que generen menores daños ambientales.

Artículo 23.- El Instituto, bajo su responsabilidad, podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente. Ninguna unidad responsable podrá adquirir o arrendar bienes o recibir la prestación de algún servicio sin que previamente se haya realizado el procedimiento de contratación que resulte aplicable. En casos excepcionales y previamente a la autorización del presupuesto de los órganos centrales, las unidades responsables podrán solicitar al Director Ejecutivo de Administración la autorización para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. En el caso de los órganos delegacionales y subdelegacionales será el vocal ejecutivo el responsable de dicha autorización.

Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuyo ejercicio del gasto rebase un ejercicio presupuestario el órgano central deberá contar con la autorización expresa del Director Ejecutivo de Administración, en la que se deberá determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate. En el caso de los órganos delegacionales y subdelegacionales será el vocal ejecutivo el responsable de dicha autorización.

En la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que en su momento se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto observará lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos se difundirá a través de CompraINE.

Artículo 24.- Será obligación de los servidores públicos, al intervenir en cualquier etapa o actividad derivada de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, observar en todo momento los principios y valores del Instituto contenidos en el “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, así como los valores y pronunciamientos contenidos en el “Código de Ética del Instituto Nacional Electoral”.

Artículo 25.- Los servidores públicos que intervienen en los procesos materia de este Reglamento, deberán hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos, cuando, durante el desarrollo de sus actividades surjan intereses contrarios a los principios, valores o pronunciamientos señalados en el artículo anterior, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes al caso concreto.

Artículo 26.- Si por circunstancias ajenas a la voluntad del servidor público que participa en el proceso, estuviera en una situación que pueda colocarle en un conflicto de intereses, que le impida actuar con independencia y objetividad para el mejor interés del Instituto, deberá excusarse de participar en determinada deliberación o proceso, haciendo del conocimiento de sus superiores jerárquicos y documentando por escrito las características que constituyan el conflicto real o aparente. De no observarse lo anterior, se estará a lo dispuesto en el Titulo Segundo del Libro Octavo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, supletoriamente, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 27.- El servidor público designado para administrar y vigilar el cumplimiento de un contrato, deberá informar por escrito, a la DRMS el cumplimiento por parte del proveedor respecto de dicho contrato, a efecto de que ésta mantenga actualizado el Registro de Evaluación de Proveedores dentro del sistema CompraINE. La información contenida en dicho registro servirá de base para la evaluación del desempeño de los proveedores, mismo que se considerará en los siguientes procedimientos de contratación en los que participe.

Artículo 28.- La DRMS deberá contar con un Registro de Evaluación de Proveedores que contenga, entre otras cosas, los incumplimientos de los proveedores, quedando bajo la responsabilidad de dicha Dirección el establecer las características mínimas del registro.

Artículo 29.- El Registro de Evaluación de Proveedores busca asegurar para el Instituto, que los proveedores que participen en los procedimientos de contratación cumplan con los plazos y condiciones establecidos, dando mayor oportunidad a aquellos que en su historial no presenten incumplimientos.

Artículo 30.- Los servidores públicos que participan en cualquiera de las etapas o fases de los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, están obligados a desempeñar el encargo asignado con total apego a los valores y principios de comportamiento institucionales, que al efecto emitan las autoridades del Instituto.

Titulo Segundo
De los Procedimientos de Contratación

Capítulo Primero
Generalidades

Artículo 31.- La Convocante responsable de realizar el procedimiento de contratación del Instituto seleccionará de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I.        Licitación pública;

II.       Invitación a cuando menos tres personas, o

III.      Adjudicación directa.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre o paquete cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo que establece este Reglamento.

Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante los cuales se garantice el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.

Para garantizar la transparencia en los procedimientos de contratación se establecerán los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, proporcionando a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, en los órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales, se deberá atender la metodología propuesta por la DEA para la realización de una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación que las áreas requirentes realicen, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Instituto.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación, la invitación a cuando menos tres personas, solicitud de cotización y en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas.

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Para la adquisición y arrendamiento de bienes, así como para la contratación de servicios en materia de tecnologías de información y comunicaciones se contará con la opinión o dictamen técnico de la Unidad de Servicios de Informática o, en su caso, del Comité en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 32.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser:

I.        Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio postal o de mensajería;

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de este Reglamento;

II.       Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraINE, utilizando medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 34 de este Reglamento.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de CompraINE y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y

III.      Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.

Artículo 33.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente al valor diario de dos millones de UMAs y en aquellos casos que determine el Instituto, previa justificación respecto del impacto social que la contratación tenga en los programas sustantivos del Instituto, participarán testigos sociales en términos de los lineamientos específicos que, para tal efecto, emita la Junta General Ejecutiva.

Artículo 34.- Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, conforme a los Lineamientos aplicables, que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública, denominado CompraINE, en cuyo caso el área Convocante estará obligada a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, considerando que, en órganos centrales, los actos del procedimiento podrán llevarse a cabo con la participación del OIC.

La DEA operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilice el área Convocante y los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Se podrá aceptar la certificación o identificación electrónica mediante el mecanismo que para tal efecto disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el propio Instituto.

El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que prevea la convocatoria a la licitación.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Capítulo Segundo
De La Licitación Pública

Artículo 35.- El carácter de las licitaciones públicas, será:

I.        Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general en las que además se establezcan los casos de excepción correspondientes al grado de contenido nacional y al procedimiento para determinar los porcentajes del mismo. Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

II.       Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar cuando:

a.     Habiéndose realizado una licitación de carácter nacional y que se haya declarado desierta, o

b.    En aquellos casos que se acredite con la investigación de mercado realizada, que los servicios solicitados o los bienes requeridos no se prestan ni se producen en el país, ni cuentan, por lo menos, con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional.

En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios de bienes de procedencia extranjera que resulten de la investigación de mercado correspondiente.

En los supuestos de licitación previstos en esta fracción, el Instituto tomará en cuenta los casos que la Secretaría de Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determine que los participantes deban manifestar ante la Convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes muebles y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del inventario del Instituto.

En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a las políticas, bases y lineamientos, siempre que la Convocante justifique debidamente el uso de dicha modalidad y que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado correspondiente.

Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos.

Artículo 36.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I.        El nombre del Instituto y de la Convocante;

II.       La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que el Instituto considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;

III.      La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración del procedimiento de licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones;

IV.      El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine el área técnica;

V.       Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;

VI.      El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

VII.     La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él;

VIII.    Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 59 y 79 antepenúltimo párrafo de este Reglamento, y 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que la normatividad fiscal vigente lo establezca;

IX.      Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;

X.       Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XI.      La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;

XII.     La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;

XIII.    Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio. La evaluación económica no podrá basarse únicamente en la sumatoria de precios unitarios, en precios relevantes o ejercicios similares que no ponderen el costo total para el Instituto;

XIV.    El domicilio del OIC, en donde se podrán presentar inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 del presente Reglamento;

XV.     Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, y

XVI.    Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 54 del presente Reglamento.

XVII.   Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo;

XVIII.  Plazo y condiciones de entrega; así como la indicación del lugar, dentro del territorio nacional, donde deberán efectuarse las entregas;

XIX.    Condiciones de pago, señalando el momento en que se hará exigible el mismo;

XX.     Datos sobre las garantías, así como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso se señale el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará;

XXI.    Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios;

XXII.   Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos de este Reglamento;

XXIII.  Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la convocatoria y los requisitos que deberán observarse;

XXIV.  Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;

XXV.   El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos con que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento del Instituto, y

XXVI.  La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Instituto, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. El Instituto a través de las áreas Contratantes, tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 37.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraINE y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo los distintos actos del procedimiento de contratación y la fecha de publicación en CompraINE. Adicionalmente, el área Convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria.

Artículo 38.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraINE.

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas debidamente acreditadas por el área requirente de los bienes o servicios, la Convocante podrá reducir los plazos, a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes.

La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y programación previamente establecida.

Artículo 39.- El Instituto a través de la Convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraINE, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

El Instituto realizará al menos una junta de aclaraciones, siendo optativo para los licitantes la asistencia a la misma.

Artículo 40.- Para la Junta de aclaraciones, se considerará lo siguiente:

El acto será presidido por el servidor público que designe la DEA en el caso de los procedimientos de contratación que se realicen a nivel central y, por los respectivos Vocales Ejecutivos del Instituto o por el servidor público que estos designen, en el caso de los órganos delegacionales y subdelegacionales. En órganos centrales, dichos servidores públicos deberán ser asistidos por un representante del área técnica o requirente de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del OIC, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. En el caso de los órganos delegacionales y subdelegacionales el servidor público que presida deberá ser asistido por un representante del área técnica o requirente de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de los medios que determine el Instituto, a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas se harán de la siguiente forma: si fueren respuestas técnicas las áreas requirentes las atenderán, tratándose de respuestas legales y administrativas será la Convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.

Artículo 41.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraINE, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, para tal efecto el Instituto podrá adoptar en lo aplicable las disposiciones técnicas que establezca la DEA.

La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato que en su caso se formalice con el Instituto, se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en la Convocatoria a solicitud del Área Coordinadora o Requirente, por implicar mayores beneficios al Instituto.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica

en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que el Instituto determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.

Artículo 42.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:

I.        Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

II.       De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el Instituto designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente se hayan determinado en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente; y

III.      Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cuándo se dará inicio a las pujas de los licitantes.

Artículo 43.- Para la evaluación de las proposiciones, el Instituto utilizará el criterio indicado en la convocatoria.

En todos los casos el área técnica o requirente y la Convocante, según corresponda, verificarán que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la Convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En este supuesto, la Convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Cuando el Instituto requiera obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.

Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al área requirente pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga como propósito determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

Cuando el procedimiento de contratación de que se trate derive de uno anterior declarado desierto, la convocante deberá realizar un análisis comparando las propuestas económicas contra la información recabada de la investigación de mercado y/o las propuestas de los procedimientos anteriores inmediatos. Lo anterior con el objeto de corroborar que no existe un alza injustificada en sus precios, aplicando lo dispuesto en el artículo 68 de las POBALINES y pudiendo declarar desierto el procedimiento de contratación. Dicho análisis deberá elaborarse previo al otorgamiento del fallo por la convocante y contar con el visto bueno del titular de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Artículo 44.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones respectivas, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso:

I.        La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio;

II.       De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la Convocante, y

III.      A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente.

Para los casos señalados en las fracciones I y II de este artículo, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de MIPYMES.

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo de insaculación que realice la Convocante, el cual se efectuará en el acto de fallo del procedimiento conforme a lo que se disponga en las POBALINES.

Artículo 45.- La Convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

I.        La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla;

II.       La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;

III.      En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;

IV.      Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

V.       Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y

VI.      Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos del Instituto. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron.

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraINE a más tardar el día hábil siguiente en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraINE.

En sustitución de esa junta, el Instituto podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión, debiendo dejar constancia de la notificación realizada a cada uno de los licitantes en el expediente de contratación.

En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus proposiciones por ese medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraINE el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraINE.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero del presente Reglamento.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el Instituto dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su corrección, con la intervención del Director de Recursos Materiales y Servicios en órganos centrales y para el caso de los órganos delegaciones y subdelegacionales, del Vocal Ejecutivo, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al OIC dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al OIC, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Artículo 46.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio de la Convocante, por un término no menor de cinco días hábiles. La Convocante dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraINE para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Artículo 47.- El Instituto a través de la Convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria, sus anexos, o las modificaciones que deriven con motivo de las aclaraciones a la misma; o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables.

En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las POBALINES podrá establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar que el precio considerado para efectos de evaluación es no aceptable, sin que el mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el artículo 45 del presente Reglamento.

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el Instituto podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 50 fracción VI de este Reglamento. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento.

La Convocante podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios; o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio Instituto. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo de este Reglamento.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, el Instituto cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en las POBALINES.

Artículo 48.- El área requirente podrá utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación.

En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto en la convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición solvente más baja.

Capítulo Tercero
De las Excepciones a la Licitación Pública

Artículo 49.- En los supuestos que prevé el artículo 50 de este Reglamento, los titulares de los órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales del Instituto, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

La selección del procedimiento de excepción que se realicen deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Instituto. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmados por el Titular del área requirente.

En cualquier supuesto se invitará a personas que conforme con la investigación de mercado y aquellos que cumplan con los requisitos del padrón de proveedores del Instituto, cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

En estos casos, la Contratante a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al OIC, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo, que contiene la justificación de excepción del titular del área requirente, según sea el caso, en el que se hará constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 50 fracción IV, de este Reglamento.

En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las fracciones III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XV y, XVII del artículo 50 de este Reglamento, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar acompañado de los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla, en ambos procedimientos, el Área Requirente deberá acompañar los resultados de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección.

A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, le serán aplicables los supuestos a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 35 del presente Reglamento.

Artículo 50.- Los órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I.        No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte;

II.       Peligre o se altere el cumplimiento de los fines y actividades del Instituto, el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III.      Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;

IV.      Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

V.       Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen;

VI.      Se haya declarado desierta una licitación pública por el Instituto, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;

VII.     Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada;

VIII.    Se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los ciento ochenta días naturales previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento;

IX.      Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación.

Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en el Reglamento de Transparencia;

X.       Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial;

XI.      Se trate de servicios de mantenimiento correctivo de bienes, o contratación de servicios, que de no hacerse inmediatamente pueda afectarse irremediablemente la salvaguarda de la información actual e histórica del Instituto;

XII.     Siempre y cuando la situación descrita no haya sido posible ser prevista, sea inesperada, súbita o tenga como consecuencia la materialización de riesgos que pongan en peligro extremo los objetivos, funciones u operaciones del Instituto, tal señalamiento quedará bajo responsabilidad del titular del área requirente;

XIII.    Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII del artículo 3 de este Reglamento, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;

XIV.    Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;

XV.     El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos se deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor del Instituto según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades del Instituto, con un plazo de tres años;

XVI.    Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación;

XVII.   Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco.

Las contrataciones a que se refiere este artículo se realizarán preferentemente a través de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones VI, VII, IX y XIV.

Artículo 51.- El Instituto, bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio presupuestal que se trate, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el Director Ejecutivo de Administración en órganos centrales y por el Vocal Ejecutivo en órganos delegacionales y subdelegacionales, con base en la justificación del titular del área requirente respecto a la selección del procedimiento de excepción. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 49 del presente Reglamento resultará aplicable a la contratación mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que se fundamenten en este artículo.

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado al Instituto en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones o justificación correspondiente, que se hayan obtenido dentro de los treinta días naturales previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente, salvo que la Convocante establezca un plazo de vigencia mayor para las cotizaciones.

Artículo 52.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente:

I.        La Convocante difundirá la convocatoria de la invitación en CompraINE y por escrito a los invitados;

II.       El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, en órganos centrales, invariablemente se invitará a un representante del OIC;

III.      Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente;

IV.      Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la última invitación; y

V.       A las demás disposiciones de este Reglamento que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativa para el Instituto la realización de juntas de aclaraciones.

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, a petición del Área Requirente, la Convocante podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en dichas invitaciones. Cuando persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera invitación, a petición del Área Requirente, la Convocante podrá emitir una segunda invitación a cuando menos tres personas.

Título Tercero
De los Contratos

Capítulo Único

Artículo 53.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la Convocante previamente a la presentación de las proposiciones.

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervinientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, el Instituto deberá reconocer incrementos o requerir reducciones.

Atendiendo a la naturaleza de los bienes, arrendamientos o servicios, se podrán incorporar en las convocatorias a las licitaciones y en los contratos, modalidades de pago mixto, cuando contengan, por una parte un precio fijo y por la otra variables.

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos autorizados.

Artículo 54.- El contrato contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:

I.        El nombre del proveedor adjudicado y del Instituto;

II.       La indicación del tipo y número del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, así como, la indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, y si será contrato abierto;

III.      La indicación del documento en el que consta que se cuenta con los recursos suficientes para cubrir el compromiso derivado del contrato o en su caso, los datos de la autorización que corresponda para comprometer recursos para contrataciones que inicien su vigencia en el ejercicio fiscal siguiente o rebasen más de un ejercicio presupuestario;

IV.      Los datos relativos a la legal existencia del proveedor adjudicado, nombre y facultades de su representante legal;

V.       La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición;

VI.      El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total;

VII.     Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula;

VIII.    En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra;

IX.      Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;

X.       Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;

XI.      Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;

XII.     La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

XIII.    Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o en moneda extranjera de acuerdo a la determinación del Instituto, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV.    Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;

XV.     Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse;

XVI.    Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en este Reglamento;

XVII.   Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;

XVIII.  El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento del Instituto;

XIX.    Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores;

XX.     La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Instituto, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XXI.    Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en este Reglamento; y

XXII.   Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.

Para los efectos de este Reglamento, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto disponga el Instituto, previa aceptación que por escrito realice el proveedor.

Artículo 55.- Con la notificación del fallo, serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará al Instituto y al proveedor a firmar el contrato en la fecha, hora, lugar y forma prevista en el propio fallo o bien en la convocatoria a la licitación pública. En defecto de tales previsiones, la firma se deberá realizar dentro de los quince días naturales posteriores al de la notificación del fallo. Los contratos correspondientes se podrán suscribir mediante el uso de firma electrónica, a través de los medios de certificación y plataformas que para tal efecto disponga el Instituto, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo, con la notificación del fallo o de la adjudicación, el Instituto podrá solicitar la entrega de bienes o prestación de servicios de acuerdo con la convocatoria del procedimiento.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, arrendamientos o prestar el servicio, si el Instituto, por causas imputables al mismo, no firma el contrato. En este supuesto, el Instituto, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

El atraso del Instituto en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, para oficinas centrales se deberá contar con la autorización por escrito del titular de la Dirección de Recursos Financieros del Instituto, previa solicitud por escrito del Administrador del Contrato, en la que conste que éste haya revisado que los datos de la misma, coincida con la documentación que obra en su expediente del proveedor; En caso de delegacionales y subdelegacionales, se deberá contar con la autorización del Vocal Ejecutivo que corresponda.

Artículo 56.- El Instituto podrá celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente:

I.        Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo.

En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para el Instituto, la cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca.

Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial determinado por el Instituto.

No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes; y

II.       Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios.

La Contratante con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 de este Reglamento.

Artículo 57.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere este Reglamento deberán garantizar:

I.        Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos, y

II.       El cumplimiento de los contratos.

Para los efectos de este artículo, en las POBALINES, se fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con el Instituto. En los casos señalados en las fracciones II, IV, y XIII del artículo 50 y 51 de este Reglamento, el servidor público que deba firmar el contrato, previa justificación del titular del área requirente, bajo la responsabilidad de este último, podrá exceptuarse al proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.

Las personas representantes de la sociedad civil que intervengan como testigos en los procedimientos de contratación, estarán exceptuados de otorgar garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato.

Por su naturaleza, se eximen de presentar cualquier tipo de garantías a las Instituciones de Seguros y de Fianzas, al considerarse de acreditada solvencia en términos de la legislación aplicable.

Artículo 58.- Las garantías que deban otorgarse conforme a este Reglamento se constituirán a favor del Instituto.

Artículo 59.- La Convocante se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere este Reglamento, con las personas siguientes:

I.        Aquéllas en que los servidores públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, sus cónyuges o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que los servidores públicos o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II.       Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte;

III.      Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, el Instituto les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante el propio Instituto por el plazo que se establezca en las POBALINES a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento, el cual no podrá ser superior a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;

IV.      Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Administración Pública Federal o del OIC;

V.       Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con el Instituto, siempre y cuando el Instituto haya resultado gravemente perjudicado;

VI.      Aquéllas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

VII.     Aquéllas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;

VIII.    Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o

se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones;

IX.      Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;

X.       Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por este Reglamento sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual;

XI.      Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

XII.     Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;

XIII.    Aquéllos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por el Instituto. Dicho impedimento prevalecerá ante el propio Instituto por el plazo que se establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento, el cual no podrá ser superior a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la licitación o, en su caso, por el artículo 55 de este Reglamento, para la formalización del contrato en cuestión;

XIV.    Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello conforme a lo que establece el presente Reglamento, otras disposiciones del Instituto o las leyes vinculadas con la materia, y

XV.     Aquéllas que hayan incurrido en alguna responsabilidad o las que se encuentren sancionadas en términos de lo que se establece en los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La DEA, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de CompraINE.

Artículo 60.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan los mismos; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la fecha de recepción por parte del Instituto del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que cumpla con los requisitos fiscales, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto, a solicitud del proveedor, podrá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto.

En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo que en su caso se hubiera otorgado y, asimismo, los pagos progresivos que hubiere recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto.

El Instituto podrá establecer en sus POBALINES, el pago a proveedores, preferentemente, a través de medios electrónicos.

Artículo 61.- Las áreas requirentes podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a la DRMS en órganos centrales y al Vocal Ejecutivo en órganos delegacionales y subdelegacionales, el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas.

Cuando los proveedores demuestren documentalmente la existencia de causas justificadas, que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, el Instituto podrá modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato respectivo.

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por las partes, mediante la suscripción de convenios modificatorios, los cuales serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

El Instituto se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

Artículo 62.- El Instituto deberá pactar penas convencionales a cargo del proveedor, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicarán con motivo del atraso en la entrega de bienes o prestación de los servicios; por deficiencia en la entrega de dichos bienes o servicios y a través de deductivas. Será responsabilidad del Área Coordinadora o Requirente definir el esquema de penalizaciones que corresponda a la contratación, con el apoyo de las Áreas Técnica y Convocante.

En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. Si se trata de penas por retraso, se determinarán en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En cualquier caso, solo podrán ser aplicables aquellas penas convencionales que específicamente se establezcan en la convocatoria, en la invitación o solicitud de cotización para efectos de adjudicación y, por ende, que se establezcan en los contratos respectivos.

Adicionalmente, los proveedores quedarán obligados ante el Instituto a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a lo dispuesto en este Reglamento, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

Artículo 63.- El Instituto podrá establecer en la convocatoria a la licitación, invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir administrativamente el contrato en los términos del artículo 64 de este Reglamento.

Artículo 64.- El Instituto podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

I.        Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II.       Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el Instituto contará con un plazo de quince días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro de dicho plazo; y

III.      Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar el Instituto por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación el Instituto, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del Instituto de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

El Instituto podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. Dicho dictamen deberá ser elaborado de forma conjunta por el área requirente y el área técnica.

Al no dar por rescindido el contrato, el Instituto establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 61 de este Reglamento.

Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, el Instituto podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.

Artículo 65.- El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente un contrato en los siguientes supuestos:

I.        Por caso fortuito o fuerza mayor o bien cuando concurran razones de interés general, entendiéndose por éstas últimas, el bien común de la sociedad entera, como un cuerpo social;

II.       Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados;

III.      Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el OIC, y

IV.      Cuando el administrador del contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del Instituto.

En estos supuestos el Instituto reembolsará, previa solicitud por escrito, al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Artículo 66.- El Instituto estará obligado a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberá estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.

La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para el Instituto durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.

Artículo 67.- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al Instituto, previa petición y justificación del proveedor, el Instituto reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En cualquiera de los casos previstos en este artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

Artículo 68.- Los titulares de las áreas requirentes de los bienes o servicios serán los responsables de administrar y vigilar el cumplimiento de cada uno de los contratos, salvo que previa notificación, por escrito, designen formalmente al servidor público encargado de su administración y vigilancia, debiendo informar oportunamente de los cumplimientos, incumplimientos y el vencimiento de los mismos, a efecto de que con oportunidad se lleven a cabo las gestiones administrativas correspondientes.

Título Cuarto
De la Información y Verificación

Capítulo Único

Artículo 69.- Las áreas requirentes y la Contratante deberán remitir al OIC, la información relativa a los actos y contratos materia de este Reglamento a través de los informes previstos en éste o, conforme le sea requerido por dicho órgano en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento Interior del Instituto y en el Estatuto Orgánico que regula la Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del OIC del Instituto Nacional Electoral.

La documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este Reglamento, se conservará de conformidad con la normatividad del Instituto aplicable a la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos Responsables en Materia de Transparencia.

Los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico del Instituto, en el ámbito de su competencia, deben conservar y salvaguardar la información, de forma ordenada y sistemática, entre ella, se considera la documentación relativa a la solicitud de la contratación, evaluaciones, investigaciones de mercado, análisis comparativos, catálogos, pruebas, peritajes y demás elementos fehacientes tanto técnicos como financieros, administrativos y legales pertinentes para fundamentar y explicar las decisiones tomadas respecto de la oportunidad, forma, modalidad y otras características, para cumplir y hacer cumplir las disposiciones aplicables en la materia, de tal manera que con el conjunto de los elementos citados se facilite la comprensión de los razonamientos considerados para garantizar las mejores condiciones para la adquisición o arrendamiento de los bienes o servicios requeridos por el Instituto.

La documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este Reglamento se conservará cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables.

Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten por escrito, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

Artículo 70.- El OIC, en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normativa aplicable, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en este Reglamento u otras disposiciones aplicables.

Asimismo, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las áreas del Instituto involucradas en las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Artículo 71.- El OIC podrá verificar la calidad de los bienes muebles a través de las áreas del Instituto o mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante del órgano central o delegacional del Instituto respectivo, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.

Artículo 72.- Todo servidor público que participe en cualquiera de las etapas del proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios, determinados en este Reglamento, está obligado a explicar y responder por el ejercicio del encargo recibido en un marco de transparencia y eficiencia.

El proceso de Rendición de Cuentas es la obligación que tiene todo servidor público sobre el cumplimiento de las funciones asignadas, así como de los objetivos específicos y generales del Instituto, promoviendo en todo momento las mejores condiciones para la institución. El proceso se formaliza a través de la documentación que durante las diferentes etapas y procedimientos muestra la forma, en que se prepararán los formatos, análisis, evaluaciones, investigaciones, expedientes, informes, registros e información para cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

Título Quinto
De la Transparencia y Rendición de Cuentas

Capítulo Único

Artículo 73.- Los documentos vinculados con los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios previstos en este Reglamento serán información pública y su acceso sólo podrá ser restringido de acuerdo con las excepciones establecidas en este Reglamento o la normativa especial en la materia así lo señale.

Artículo 74.- En el CompraINE se publicará, sin restricción alguna, la información relativa a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que de forma enunciativa más no limitativa deberá contener lo siguiente:

I.        El programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto.

II.       El registro único de proveedores;

III.      El padrón de testigos sociales;

IV.      El registro de proveedores sancionados;

V.       Las convocatorias a la licitación y sus modificaciones;

VI.      Las invitaciones a cuando menos tres personas;

VII.     Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo;

VIII.    Los testimonios de los testigos sociales;

IX.      Las adjudicaciones directas;

X.       Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado;

XI.      Las notificaciones y avisos relativos a las contrataciones que realice el Instituto.

La información deberá actualizarse mensualmente, dentro de los primeros diez días hábiles siguientes al mes que se reporta. Su publicación será independiente de las obligaciones contenidas en el Reglamento de Transparencia y que se publican en el sitio web institucional.

La administración de la información que se ingrese al sistema CompraINE, así como la operación del mismo, estará a cargo de la DEA.

Artículo 75.- El acceso a la información pública derivada de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no se encuentre publicada en el sistema CompraINE, podrá realizarse a través de los procedimientos estipulados en el Reglamento de Transparencia.

Artículo 76.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Transparencia o la Guía de Criterios Específicos de Clasificación, aprobada por el Comité de Información del Instituto, se considerará como información reservada, aquélla que ponga en riesgo las acciones destinadas a proteger la gobernabilidad democrática, cuando la difusión de la información pueda:

I.        Impedir el derecho a votar o ser votado, o

II.       Obstaculizar la celebración de elecciones federales

Título Sexto
De las Infracciones y Sanciones

Capítulo Único

Artículo 77.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de este Reglamento o la demás normativa del Instituto aplicable a esta materia, serán sancionados por el OIC con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el valor diario de la UMA elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el valor diario de la UMA elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el valor diario de la UMA elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Artículo 78.- El OIC, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por este reglamento, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I.        Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado el Instituto en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado;

II.       Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente más de un contrato en un plazo de tres años, contados a partir de la notificación de la primera rescisión;

III.      Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves al Instituto; así como, aquéllos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;

IV.      Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

V.       Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 59 de este Reglamento, que se refiere a aquellas personas que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

VI.      Aquéllas que se encuentren en el supuesto del párrafo segundo del artículo 99 del presente Reglamento, que se refiere a los que se encuentran sancionados en términos del Título Sexto, Capítulo Único del presente Reglamento.

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años,, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el OIC la haga del conocimiento mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Instituto.

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

Las áreas del Instituto involucradas en las contrataciones respectivas deberán, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de este Reglamento o la demás normativa del Instituto aplicable a esta materia, remitir al OIC la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.

En casos excepcionales, previa autorización del OIC, la Convocante podrá aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado.

Artículo 79.- Para los efectos de la fracción II del artículo anterior, la DEA en órganos centrales y los vocales secretarios en órganos delegacionales y subdelegacionales, deberán hacer del conocimiento del OIC, la rescisión de cada uno de los contratos.

Dentro de la documentación comprobatoria a que alude el penúltimo párrafo del artículo anterior, las áreas del Instituto involucradas en las contrataciones respectivas, deberán acompañar la que acredite el monto de los daños y perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, en el caso de que se hayan generado, haciendo el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate.

Artículo 80.- El OIC impondrá las sanciones a proveedores, considerando:

I.        Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción;

II.       El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III.      La gravedad de la infracción;

IV.      Las condiciones del infractor; y

V.       La conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad.

Artículo 81.- La actuación del OIC en el procedimiento de sanción se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.

La representación de las personas morales ante el OIC para participar en el procedimiento, deberá acreditarse mediante instrumento público y, en el caso de personas físicas, mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante el OIC.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal mediante escrito firmado podrán autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento.

Cuando en un escrito o comunicación fungieren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante común o interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.

Artículo 82.- Para imponer una sanción, el OIC deberá notificar previamente al presunto infractor del inicio del procedimiento, citándolo para que comparezca a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los quince días hábiles, en la cual expondrá lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.

En el procedimiento administrativo de sanción se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

El OIC, acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. El acuerdo que se emita en relación con las pruebas ofrecidas, deberá estar debidamente fundado y motivado.

Una vez oído al presunto infractor y desahogado las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá, dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre de instrucción, a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal.

Artículo 83.- El OIC aplicará las sanciones que procedan a los servidores públicos del Instituto que infrinjan las disposiciones de este Reglamento o la demás normativa del Instituto aplicable a esta materia, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas que regulan las conductas administrativas de los servidores públicos del Instituto.

Sin menoscabo de lo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales que regulan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto.

Artículo 84.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere el presente Reglamento serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

Artículo 85.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por alguna instancia del Instituto o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 80 del presente Reglamento, relativa a los proveedores que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

Artículo 86.- Las notificaciones en el procedimiento de sanción a que se refiere este Título, se harán conforme a lo siguiente:

I.        En forma personal, para el presunto infractor:

a.     La primera notificación;

b.    La resolución definitiva, y

c.     Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio del OIC;

II.       Por estrados, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en las oficinas del OIC, o en

el Portal de Internet del Instituto, en la parte correspondiente al OIC, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el presunto infractor domicilio ubicado en el lugar donde resida el OIC, y

III.      Por oficio, aquéllas dirigidas a las autoridades vinculadas al procedimiento.

Artículo 87.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.

Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos del Instituto. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Artículo 88.- El OIC será la autoridad competente para investigar, tramitar, sustanciar, resolver y, en su caso, sancionar, a las personas conforme a los procedimientos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el ámbito de su competencia y en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión constitucional, será la autoridad facultada para aplicar esa Ley, dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma e interpretar sus disposiciones para efectos administrativos, en relación con las contrataciones que realiza el Instituto al amparo del presente Reglamento. Asimismo, designará dentro de las áreas que la integran, la responsable de intervenir en la aplicación de la mencionada legislación.

Título Séptimo
De las Soluciones de Controversias

Capítulo Primero
De la Instancia de Inconformidad

Artículo 89.- El OIC conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:

I.        La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 40 de este Reglamento dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

II.       La invitación a cuando menos tres personas;

Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes a la notificación del acto materia de la inconformidad;

III.      El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá interponerse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública;

IV.      La cancelación de la licitación;

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y

V.       Los actos y omisiones por parte de la Contratante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en este Reglamento.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Artículo 90.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas del OIC.

Los licitantes que participen en los procedimientos concursales convocados por el Instituto, podrán presentar inconformidades en los órganos delegacionales y subdelegacionales del propio Instituto, siendo responsabilidad de estos últimos remitirla al OIC a más tardar al tercer día hábil siguiente de haberla recibido, acompañando a la misma el informe previo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 96 del presente Reglamento, relativo al informe en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero interesado, y, en su caso, pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente.

La interposición de la inconformidad ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos anteriores, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.

El escrito inicial contendrá:

I.        El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación mediante instrumento público.

En ningún caso se admitirán escritos de inconformidad que carezcan de firma por parte del inconforme y de quien promueve en su nombre, por lo que serán desechados de plano.

Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona nombrada en primer término;

II.       Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que resida el OIC para el caso de que no se señale domicilio procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones a través de los estrados del OIC, o mediante Portal de Internet del Instituto, en la parte correspondiente al OIC;

III.      El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo conocimiento del mismo;

IV.      Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder de la Convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia certificada al momento de rendir su informe circunstanciado, y

V.       Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de este Reglamento y a las demás que resulten aplicables.

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la Convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el contrato.

El OIC al conocer de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos señalados en las fracciones I primer párrafo, III, IV y V de este artículo o hubiere omitido exhibir las copias del escrito inicial y anexos para la Convocante y el tercero interesado, a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que se tengan por no ofrecidas.

Artículo 91.- La instancia de inconformidad es improcedente:

I.        Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 89 de este Reglamento;

II.       Contra actos consentidos expresa o tácitamente;

III.      Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva;

IV.      Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento de contratación se hubiera realizado en forma conjunta;

V.       Contra actos consumados de un modo irreparable, y

VI.      Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del inconforme.

Artículo 92.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando:

I.        El inconforme se desista expresamente;

II.       La Contratante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que se refiere la fracción V del artículo 89 de este Reglamento; relativo a los actos y omisiones por parte de la Contratante que impidan la formalización del contrato;

III.      Cuando el inconforme sea persona física y muera durante la sustanciación de la instancia de inconformidad,

IV.      Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia que establece el artículo anterior.

Artículo 93.- Las notificaciones en la instancia de inconformidad se harán conforme a lo siguiente:

I.        En forma personal, para el inconforme y al tercero interesado:

a.     La primera notificación y las prevenciones;

b.    Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;

c.     La que admita o determine improcedente la ampliación de los motivos de inconformidad.

d.    La resolución definitiva, y

e.     Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio del OIC.

II.       Por estrados, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en las oficinas del OIC, o en el Portal de Internet del Instituto, en la parte correspondiente al OIC, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida el OIC, y

III.      Por oficio, aquéllas dirigidas a la Convocante y a la Contratante.

Artículo 94.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos del Instituto. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Artículo 95.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de este Reglamento o demás normativa del Instituto aplicable, además de que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento de contratación.

Solicitada la suspensión correspondiente, el OIC deberá acordar lo siguiente:

I.        Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y efectos de la medida, y

II.       Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la Convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.

El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para concederla o negarla.

En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad.

En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante documento que exhiba ante el propio OIC que sea expedido por Institución acreditada para tal efecto.

La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, se tomará como base el presupuesto autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar.

La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme, mediante documento que exhiba ante el propio OIC que sea expedido por Institución acreditada para tal efecto.

A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime pertinentes.

Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, para efecto de que, dentro del plazo de diez días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga.

Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días hábiles, el OIC resolverá el incidente planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda.

Si el OIC advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para decretarla.

Artículo 96.- El OIC examinará el escrito inicial de inconformidad y si encontrare motivo manifiesto de improcedencia, la desechará de plano.

Recibida la inconformidad, se requerirá a la Convocante que rinda en el plazo de tres días hábiles un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente.

Se requerirá también a la Convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la inconformidad, así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la fracción IV del artículo 90 de este Reglamento. Tratándose de documentales relativa a las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder de la Convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia certificada al momento de rendir su informe circunstanciado.

Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación.

Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 90 de este Reglamento.

El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo aparezcan elementos que no conocía.

El OIC, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá a la Convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.

Artículo 97.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito. Cerrada la instrucción, el OIC dictará la resolución en un término de quince días hábiles.

Artículo 98.- La resolución contendrá:

I.        Los preceptos legales en que se funde la competencia para resolver el asunto;

II.       La fijación clara y precisa del acto impugnado;

III.      El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la Convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el inconforme;

IV.      La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento;

V.       Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y

VI.      Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato.

Artículo 99.- La resolución que emita el OIC podrá:

I.        Sobreseer en la instancia;

II.       Declarar infundada la inconformidad;

III.      Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;

IV.      Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación;

V.       Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y

VI.      Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en términos de la fracción V del artículo 89, de este Reglamento, es decir, cuando sea fundada en virtud de que existen actos u omisiones por parte de la Contratante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en este Reglamento.

En los casos de las fracciones I y II de este mismo artículo, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, en términos del Título Sexto, Capítulo Único del presente Reglamento.

La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en el presente reglamento, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Artículo 100.- La Convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no mayor de seis días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante determinación del OIC o de la autoridad judicial competente.

El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan conocimiento del cumplimiento que haya dado la Convocante a la resolución, o bien que haya transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento del OIC, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya incurrido la Convocante.

Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la Convocante para que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.

Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, el OIC dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la Convocante su reposición en un plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la Convocante el acatamiento inmediato.

La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en el presente Reglamento, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.

En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total.

Artículo 101.- A partir de la información que conozca el OIC derivada del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 89 de este Reglamento.

El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que el OIC señalará con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención.

De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 95 de este Reglamento.

Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones previstas en este Reglamento para el trámite y resolución de inconformidades.

Capítulo Segundo
Del Procedimiento de Conciliación

Artículo 102.- En cualquier momento los proveedores podrán presentar ante el OIC solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos.

La solicitud que presente el proveedor o prestador de servicio, deberá hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición y el lugar y fecha de su emisión. La solicitud deberá estar firmada por el interesado o su representante legal.

El proveedor deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, debiendo hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar dichos instrumentos, así como las copias de su escrito inicial y anexos para las áreas del Instituto involucradas en la contratación de que se trate.

Artículo 103.- El OIC al conocer de la solicitud de conciliación prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior, a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su solicitud.

Artículo 104.- El OIC emitirá acuerdo por el que se admita a trámite la solicitud de conciliación y ordenará correr traslado a las áreas del Instituto involucradas en la contratación de que se trate, con copia de la solicitud presentada y anexos correspondientes, requiriéndoles que dentro de un plazo no mayor a seis días hábiles, remitan los argumentos con los que den contestación a cada uno de los hechos manifestados por el proveedor, anexando copia de la documentación relacionada con los mismos.

Artículo 105.- El OIC señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia tendrá verificativo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

Artículo 106.- Las áreas del Instituto involucradas en la contratación respectiva al dar contestación precisarán el nombre de los servidores públicos facultados para representar y obligar a dichas áreas en el procedimiento de conciliación. Si las áreas omiten dar contestación a uno o varios de los hechos señalados por el proveedor, lo podrán hacer durante la audiencia de conciliación.

Los servidores públicos facultados para representar a las áreas correspondientes que, sin causa justificada, omitan asistir a la audiencia de conciliación, serán sujetos de las sanciones que en los términos de las disposiciones legales y administrativas que regulan las conductas administrativas de los servidores públicos del Instituto procedan. El OIC deberá citar a una siguiente audiencia de conciliación.

Artículo 107.- Las audiencias de conciliación serán celebradas ante el servidor público del OIC que se designe para tal efecto, quien estará facultado para iniciar las audiencias, exponer los puntos comunes y de controversia, proporcionar la normatividad que regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliación, suspender o dar por terminada la audiencia, citar a audiencias posteriores, así como para dictar todas las determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas.

En la audiencia de conciliación, el OIC, tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hicieran valer las áreas del Instituto involucradas en la contratación respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. En todos los casos se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes.

Al término de cada audiencia se levantará acta circunstanciada, la cual será firmada por quienes intervengan en ella.

Artículo 108.- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. El OIC dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las áreas del Instituto involucradas en la contratación respectiva deberán remitir un informe sobre el avance del cumplimiento de los mismos. Los convenios a los que lleguen las partes, durante la conciliación, podrán servir para solventar observaciones formuladas por el OIC.

En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia.

Artículo 109.- La presentación de la solicitud de conciliación y su atención por el OIC, no suspende los efectos del contrato o los actos derivados del mismo.

No obstante, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una obligación o el ejercicio de un derecho hasta el resultado de la conciliación.

Artículo 110.- No se admitirán a conciliación aquellos casos en los que se haya determinado la rescisión administrativa de un contrato, o cuando se tenga conocimiento de que el contrato sea objeto de controversia ante una instancia judicial.

Artículo 111.- El OIC solicitará a las partes los documentos que considere convenientes para lograr la conciliación.

Artículo 112.- En cualquier tiempo las partes podrán manifestar su deseo de no continuar con el procedimiento de conciliación, señalando las razones que tengan para ello; en consecuencia, el OIC procederá a asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedimiento, dejando a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma que consideren procedentes.

Artículo 113.- El procedimiento concluye con:

I.        La celebración del convenio respectivo;

II.       La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar, o

III.      Desistimiento del solicitante.

Artículo 114.- La única documentación que el OIC estará obligada a conservar respecto del procedimiento de conciliación, serán las actas que se levanten con motivo de las audiencias, así como en su caso, la de los convenios de conciliación.

Artículo 115.- Las notificaciones en el procedimiento de conciliación se harán conforme a lo siguiente:

I.        En forma personal, para el solicitante:

a.     La primera notificación y las prevenciones;

b.    Los demás acuerdos que lo ameriten, a juicio del OIC;

II.       Por estrados, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en las oficinas del OIC, o en el Portal de Internet del Instituto, en la parte correspondiente al OIC, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el solicitante domicilio ubicado en el lugar donde resida el OIC, y

III.      Por oficio, aquéllas dirigidas a las áreas involucradas en la contratación de que se trate.

Artículo 116.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos del Instituto. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse de que efectivamente se trata del domicilio del interesado, señalando los medios de los que se valió para ello y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Capítulo Tercero
Del Recurso de Revisión

Artículo 117.- Los interesados que consideren afectados sus derechos con motivo de las resoluciones que emita el OIC que pongan fin a la instancia de inconformidad o al procedimiento de sanción, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

Artículo 118.- La oposición a los actos de trámite emitidos en la instancia de inconformidad o en el procedimiento de sanción, deberá alegarse por los interesados durante la secuela procedimental, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva.

Artículo 119.- El plazo para la interposición del recurso de revisión será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra.

Artículo 120.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante el OIC y será resuelto por el mismo órgano de control. Dicho escrito deberá expresar:

I.        El nombre del titular del OIC;

II.       El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones;

III.      La resolución que se recurre y la fecha en que se le notificó;

IV.      Los agravios que se le causan;

V.       Copia de la resolución que impugna y de la constancia de notificación correspondiente, y

VI.      Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución impugnada debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales.

Artículo 121.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando:

I.        Lo solicite expresamente el recurrente;

II.       Sea procedente el recurso;

III.      No se siga perjuicio al interés social o se contravengan algunas disposiciones de orden público;

IV.      No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable, y

V.       Tratándose de multas, el recurrente las garantice mediante fianza que exhiba ante el propio OIC, a través de documento expedido por Institución acreditada para tal efecto.

El OIC deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días hábiles siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión.

Artículo 122.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:

I.        Se presente fuera de plazo;

II.       No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y

III.      No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo.

Artículo 123.- Se desechará por improcedente el recurso:

I.        Contra resoluciones que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y en contra de la misma resolución recurrida;

II.       Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente;

III.      Contra actos consumados de un modo irreparable;

IV.      Contra actos consentidos expresamente, y

V.       Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar la resolución respectiva.

Artículo 124.- Será sobreseído el recurso cuando:

I.        El promovente se desista expresamente del recurso;

II.       El agraviado fallezca durante el procedimiento, si la resolución respectiva sólo afecta su persona;

III.      Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

IV.      Cuando hayan cesado los efectos de la resolución respectiva;

V.       Por falta de objeto o materia de la resolución impugnada, y

VI.      No se probare la existencia de la resolución correspondiente.

Artículo 125.- El OIC al resolver podrá:

I.        Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;

II.       Confirmar la resolución impugnada;

III.      Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada o revocarla total o parcialmente, y

IV.      Modificar u ordenar la modificación de la resolución impugnada o dictar u ordenar expedir una nueva que la sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Artículo 126.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo el OIC la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez de la resolución impugnada bastará con el examen de dicho punto.

El OIC, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.

Igualmente, deberá dejar sin efectos legales la resolución respectiva cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal la resolución y precisar el alcance en la resolución del recurso.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.

Artículo 127.- No se podrán revocar o modificar las resoluciones en la parte no impugnada por el recurrente.

La resolución del recurso expresará con claridad las partes de la resolución impugnada que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará ésta.

Artículo 128.- El OIC podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad.

La tramitación de la declaración pronunciada a que se refiere el párrafo anterior, no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto.

Artículo 129.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en el expediente original derivado de la resolución impugnada, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días hábiles ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estime procedentes.

No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo correspondiente no lo haya hecho.

Capítulo Cuarto
Del Arbitraje, otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial

Artículo 130.- Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa y la terminación anticipada de los contratos.

Artículo 131.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio correspondiente.

Artículo 132.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia del presente Reglamento.

Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes Contratantes, salvo determinación en contrario en el laudo arbitral.

Artículo 133.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre las materias objeto de dicho laudo.

Artículo 134.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos.

Artículo 135.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en este Reglamento, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no resulten aplicables.

Título Octavo
De la Capacitación de los Servidores Públicos de la rama Administrativa dedicados a Procesos de
Adquisiciones

Capítulo Único

Artículo 136.- La DEA deberá establecer un Programa Anual de Capacitación para aquellos servidores públicos que intervienen en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. Dicho programa comprenderá un mínimo de cuarenta horas efectivas de capacitación al año en los temas propios de este Reglamento.

Artículo 137.- Los servidores públicos de todos los niveles jerárquicos que participen en el Programa Anual de Capacitación deberán acreditar satisfactoriamente las evaluaciones que se lleven a cabo para asegurar la comprensión y entendimiento de los temas analizados.

Artículo 138.- La DEA propondrá las acciones pertinentes para los casos en que algún servidor público no cumpla con el mínimo de horas de capacitación establecido o en el caso de no acreditar alguna de las evaluaciones.

Título Noveno
De la Automatización de los Procesos de Adquisiciones y Suministros

Capítulo Único

Artículo 139.- La DEA través de la DRMS, con el propósito de fortalecer los procesos necesarios para la implementación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, promoverá la automatización de tales procesos para que su funcionamiento sea uniforme en órganos centrales, delegacional y subdelegacional, evitando con esto la discrecionalidad en las contrataciones, mejorando y asegurando en todo momento la salvaguarda de la información mediante su clasificación según lo establecido en el Reglamento de Transparencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Instituto, de ser necesario, actualizará sus políticas, bases y lineamientos y demás disposiciones de carácter administrativo para ajustarlos al contenido del presente reglamento.

TERCERO.- Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán hasta su conclusión en los términos y las disposiciones establecidas en el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente a la fecha del inicio del trámite.

CUARTO.- Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán regulándose hasta su terminación por las disposiciones del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente a la fecha del inicio del trámite.