Por Isak Haras

Mientras en México, el debate se divide por la decisión de la Suprema Corte sobre si se debe preservar o no la prisión preventiva oficiosa, México no es el único lugar donde existen tórridas polémicas al respecto. En días recientes, trascendió una polémica ley en el Estado de Illinois, en Estados Unidos, para reformar el sistema de justicia penal en dicha entidad. La ley conocida como la “SAFE-T Act”, en esencia, se enfoca en modificar el sistema de libertad bajo fianza en Illinois, bajo la justificación de que únicamente la gente con dinero puede obtener la libertad bajo fianza. Entonces, la SAFE-T Act evita que se detenga a determinadas personas, incluso al haber sido arrestadas por felonías, y también que muchas de ellas lleguen a la audiencia de detención, porque obliga a dejar en libertad a diversos sujetos arrestados.

            Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos de ambos lados del pasillo? Quienes apoyan esta nueva ley apelan a la igualdad, a la posibilidad de salir de prisión antes de ser declarado culpable, sin tener que ofrecer una garantía gravosa de que se te podrá encontrar cuando se te tenga que enjuiciar, y a la presunción de inocencia. Por otro lado, los detractores de la SAFE-T Act reclaman que muchas personas detenidas, que son manifiestamente peligrosas, serían muy difíciles de arrestar de nuevo, y no tendrían desincentivo alguno para no huir de la justicia, porque no tendrían algo que perder. Parece ser una batalla entre el idealismo de la izquierda, su énfasis en los derechos humanos y el reformismo penitenciario, y en el bando contrario, el pragmatismo y realismo de la derecha, su énfasis en proteger la seguridad de sus ciudadanos sobre otros intereses, y hacer valer el Estado de Derecho para que la ciudadanía no pierda confianza en las instituciones.

            Aunque no se puede negar que hay argumentos válidos en ambos extremos de la discusión, parece que la SAFE-T Act fue demasiado más allá, eliminando el sistema de fianzas en moneda. El problema de salir en libertad bajo fianza por ser inculpado de una felonía no debe ser abordado como una discusión sobre la igualdad, sino como un problema de incentivos institucionales y jurídicos. Las instituciones policiales y judiciales tienen que crear medidas precautorias para evitar que alguien que está vinculado con un delito pueda huir o sustraerse de la acción de la justicia con facilidad. Si solicitar una garantía en dinero, que es suficientemente grande para que el sujeto inculpado no la quiera perder, sirve para evitar la fuga de alguien que deba ser enjuiciado, debe utilizarse. Si la medida no es útil en un caso en particular, deben buscarse otras, pero siempre manteniendo los desincentivos para escapar, ocultarse o no comparecer. Uno de los conflictos es que los sujetos imputados tienen toda la información sobre cuánto tiempo tienen para alejarse, y aquello crea un problema de información asimétrica contra los órganos ejecutivos.

            Sin importar las intenciones de los legisladores de Illinois, su ley parece ser propensa a efectos de menoscabo a la justicia. Las medidas idealistas de un órgano legislativo son de poca utilidad, cuando no contemplan formas efectivas de resolver los problemas graves que surgen de ellos. La buena fe hacia personas que son buscadas por delitos no puede ser considerada como una estrategia efectiva, pues sin importar que algunos resulten inocentes, aquellos que no lo sean tendrán una ventaja considerable para evitar ser arrestados. Todo ello crea un círculo vicioso: los delincuentes que sí se sepan responsables de lo que los acusan podrán huir, dimensionando perfectamente el tiempo y los recursos que tienen para hacerlo, y por ende, se pierden algunos desincentivos para la criminalidad, lo cual inevitablemente aumenta la delincuencia en la zona, en perjuicio de los ciudadanos. Es menester recordar un dato importante sobre la igualdad, en este sentido: la igualdad pierde todo sentido cuando su único resultado es perjudicar a toda la sociedad por igual. Hay enorme urgencia de replantear el SAFE-T Act, antes de que personas inocentes y víctimas se queden sin justicia.

Isak Haras: Pasante con carrera terminada en proceso de titulación, en Derecho y Relaciones Internacionales, originario de la Ciudad de México, con práctica en los sectores de atención jurídica corporativa y regulatoria, ex-ITAM (2016-21).