Por Isak Haras

En mayo de 2021, la Ley Federal del Trabajo fue reformada para prohibir la subcontratación, mejor conocida por el anglicismo outsourcing, y la figura fue reemplazada por la prestación de “servicios especializados”, para los cuales se requiere un registro en un padrón de prestadores (REPSE). Registrarse en este padrón permite prestar servicios relativamente análogos al outsourcing a terceros, por excepción, y los contratos deben ser reportados al IMSS y al INFONAVIT periódicamente. Las sanciones por incumplimiento van desde enormes multas fiscales, hasta penas de prisión por defraudación fiscal calificada, pasando por obligación solidaria con los trabajadores que desempeñan los servicios y otras tantas por motivos de seguridad social.

¿Y después de un año, qué logró la reforma laboral? Empecemos por la transición de una idea lógica a un disparate total: era válido gestar una reforma laboral en la que aquellos que fueran puestos a disposición de otros por sus patrones pudieran gozar de la totalidad de sus derechos laborales, y realmente, no eran tantas empresas las que hubieran sido afectadas en ese caso. La reforma, en su versión más jurídicamente razonable (énfasis en que razonable no significa bueno), terminaría por eliminar a las auténticas empresas de outsourcing (Manpower, por ejemplo) y regular a empresas que realmente prestan servicios constantes y posiblemente de tiempo completo a otros, como las empresas de limpieza y mantenimiento de instalaciones. En lugar de eso, la STPS publicó una despistada guía, en la que utiliza como criterio la presencia de trabajadores ajenos en las instalaciones de una persona física o moral, sin tener que realizar el menor esfuerzo para entender si eso implica puesta a disposición. ¡Pánico!

Ahora, miles de empresas en todo el país tienen un Aviso de Registro en el Padrón, incluso a veces con actividades que evidentemente no implican subcontratación, o a veces, ni siquiera implican servicios (hay quienes han registrado actividades de venta de productos, por ejemplo). Sin duda, una reforma que probablemente logra la regulación de un supuesto problemático… pero solo como un 5% (al tanteo) de los inscritos realmente ameritaban registrarse. Ahora, hundimos a decenas de miles de personas en cargas administrativas excesivas, exceso de vigilancia y fiscalización, y enorme propensión a generar millones de pesos en multas contra personas que no están creando daño alguno, o que no comprenden las horrendas e inentendibles plataformas que el gobierno ha dispuesto para el reporteo.

Un año después, se han escuchado pocas historias sobre las inspecciones. Pero es un hecho que esta reforma ha dificultado los prospectos para hacer negocios en México, pues cientos de relaciones contractuales han encontrado obstáculos inesperados para mantenerse a flote, la reforma no previó muchas circunstancias legales especiales y continúan existiendo interrogantes sobre qué se debe registrar en el REPSE. En semanas anteriores, la STPS publicó su programa de verificación para 2022, que incluye un eje relativo al REPSE, basado en mecanismos complejos de intercambio de información entre autoridades como la propia STPS, el IMSS, el SAT y el INFONAVIT, pero además, poniendo como blanco de las visitas de verificación a “sectores en los que hay alto riesgo de subcontratación”.

Claramente, la última intención de la reforma es proteger derechos laborales (para eso, hubieran dejado la ley como estaba desde 2012, y solo debían empezar a aplicarla, cosa que jamás sucedió). Lo que busca esta reforma es conseguir información por mayoreo de las empresas y personas físicas con actividad empresarial, y sobre todo, ser un medio para cobrar millones de pesos en multas. No obstante, es poco realista que la gente pueda cumplir con la reforma cabalmente, cuando persisten cientos de interrogantes sobre su interpretación, incluso con las guías y criterios emitidos por la STPS, que suelen generar más dudas de las que resuelven. Tras un año, aún hay demasiado que no sabemos sobre la reforma.

*Con dedicatoria especial y enorme gratitud para quienes me enseñaron todo sobre esta reforma.

Isak Haras: Pasante con carrera terminada en proceso de titulación, en Derecho y Relaciones Internacionales, originario de la Ciudad de México, con práctica en los sectores de atención jurídica corporativa y regulatoria, ex-ITAM (2016-21).