Por Isak Haras

Hablemos del enemigo público número uno de México: el SAT, ese “malvado” organismo que nos llena de trámites cada mes, nos quita dinero sin decirnos para qué lo van a usar y nos vigila hasta cuando compramos el rutinario café de la mañana. El sexenio pasado, una vez acudí a una conferencia dirigida por una funcionaria de la SHCP, y al cuestionarla sobre la entonces nueva reforma hacendaria, admitió atinadamente que ninguna reforma fiscal es popular, pero no obstante, es necesaria para mantener cuestiones de interés público. Era acertado su punto de vista: sin impuestos, no hay policía, calles, carreteras, ni eficiencia administrativa. Pero en ese tiempo, se escuchaba poco del término “terrorismo fiscal”, que es precisamente una de las actividades más criticadas del SAT.

No hay profunda claridad ni univocidad en qué se entiende cundo se habla de “terrorismo fiscal”. Evidentemente, no hablamos del fisco ejerciendo actos de violencia armada, que lesionan la vida y la integridad física de otros, pero si estamos comparando a alguna actividad de recaudación pública con la de grupos subversivos, aunque sea una hipérbole, no debe ser algo insignificante. ¿Cuál es el límite a partir del cual la actividad del SAT se vuelve “terrorista”? Considero que es una profunda equivocación distinguir como terrorismo, o incluso como algo ilegítimo, al hecho de que el SAT investigue o sancione a personas, cuando tenga elementos para suponer que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Independientemente de la crítica que se pueda dirigir a la recaudación de impuestos, si estos están ahí por decisión legislativa, ¿por qué algunos deben pagar y otros simplemente pueden evadirlos?

Entonces, ¿la actividad de recaudación y fiscalización es perfecta, totalmente lícita y libre de corrupción? Por supuesto que no. No hay problema con hacer cumplir la ley, lo contrario, al evasor de impuestos, se le cobra y se le multa. El problema es cuando el fisco comienza a cobrar por conceptos que no son debidos, cuando se niega a regresar montos que cobró sin que le fueran adeudados, cuando intercepta mercancías sin explicación, en perjuicio de contribuyentes cumplidos. Igualmente, cuando utiliza en su favor la inembargabilidad del Estado para ser el peor ejemplo, y no pagar lo que debe, o cuando investiga a personas por motivos políticos sin explicación alguna. Eso sí es terrorismo fiscal, y además, representante digno de un Estado deshonesto, y que quiere cumplimiento de sus ciudadanos, cuando este mismo no les cumple. Una “cláusula del príncipe”, sin duda.

Hoy en día, México sufre de una política fiscal muy deficiente. Quiere cobrar impuestos hasta por las monedas que la gente encuentra entre los colchones de su sofá, pero no genera la menor transparencia sobre el gasto público. Es fácil cobrar, no es fácil pagar, y mucho menos demostrar a quién le pagas. Por supuesto, podemos hablar de terrorismo fiscal, cuando una institución pública que no te da opción más que contribuir, persigue a la ciudadanía, se niega a cumplir sus deudas, y demuestra un unilateralismo sin precedentes, donde espera todo y da poco. Cada cobro de contribuciones debería ser explicado en los exhortos y boletas de pago, con fundamentos completos, y se le debería informar a los ciudadanos en qué se está utilizando su dinero. Igualmente, el fisco debe dejar de mostrarse tan renuente a cumplir con obligaciones, si espera que todos los demás cumplan.

En conclusión, el terrorismo fiscal depende de que el SAT abuse de su poder, en perjuicio de los ciudadanos, y en que quiera tener cabida en vigilar a personas excesivamente, de forma infundada. No es terrorismo fiscal que el Estado haga cumplir la ley; eso es parte del interés público, y no puede ser de otra forma si esperamos contar con un verdadero Estado de Derecho. Y al respecto del Estado de Derecho, el Estado tiene que hacer cumplir las leyes, pero también tiene que ser el primero en cumplirlas, y poner el ejemplo.

Isak Haras: Pasante con carrera terminada en proceso de titulación, en Derecho y Relaciones Internacionales, originario de la Ciudad de México, con práctica en los sectores de atención jurídica corporativa y regulatoria, ex-ITAM (2016-21).