Por Mariana Aldrete


La semana pasada, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó ante el Congreso de la Unión un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, con la finalidad de que pueda sumarse a alguna iniciativa. Este proyecto legislativo busca responder a la falta de atención por parte de las autoridades para atender la situación crítica de violencia que están viviendo las mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país.

Ante un estado de Derecho que no ha sido suficiente para controlar los feminicidios, que además van en aumento día con día, se presenta este proyecto buscando generar el “más alto nivel de protección a las mujeres”, según se menciona en el documento.

A pesar de que este es un esfuerzo bien intencionado por parte del sector judicial, el documento ha circulado en redes debido a que se presta a diversas observaciones. Activistas, organizaciones y asociaciones se han manifestado al respecto señalando las deficiencias y lagunas, así como los errores -incluso de redacción-, que se presentan en la propuesta que establece la homologación a nivel nacional para el tipo penal de feminicidio.

El primer punto que viene a la mente al momento de leer el proyecto es la falta de consideración de los factores de prevención al feminicidio, es decir, como eh mencionado en artículos anteriores, el feminicidio es la acción última que se materializa como consecuencia de situaciones, circunstancias, y elementos culturales y/o sociales. Para poder prevenir efectivamente esta conducta delictiva es necesario tomar en cuenta todos los elementos del día a día que en nuestro país llevan al feminicida a cometer este acto, y con ello, buscar generar un cambio estructural, orgánico y con perspectiva de género de manera eficiente.

En segundo lugar, se advierte que no fueron puestos a consideración los marcos normativos existentes para garantizar los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género, donde se establecen diversas medidas de mitigación, atención, protección, restitución, etc.

Esta falta de enfoque también se refleja en la evidente exclusión de actores de la sociedad civil y/o académicos en la elaboración del mencionado proyecto, si bien se establece una homogenización para el tipo penal a nivel nacional, es importante que la legislación que lo establezca cuente con los elementos necesarios para garantizar una correcta impartición de justicia, así como bases sólidas para la prevención, investigación, sanción y atención de los feminicidios y los delitos vinculados a ellos y no únicamente una sentencia de hasta 90 años de prisión, misma que solo refuerza el sistema punitivista que no ha tenido resultados en México.

Ahora bien, las observaciones son muchas, el vacío legal e incluso los errores de redacción que presenta la propuesta son amplios y en este momento se siguen debatiendo en diversas redes y medios digitales, aunque en este espacio no pueden exponerse todos, los dos que se mencionan se consideran de suma importancia y abarcan de manera general un enfoque que es menester cambiar para estar en posibilidad de crear normas que cumplan las necesidades sociales y culturales de las mujeres, adolescentes y niñas mexicanas.

Aunque el proyecto represente un primer paso bien intencionado, es claro que falta mucho por trabajar y detallar dentro del mismo, sin embargo, este es un avance que se le reconoce a la Suprema Corte y que, con ayuda de la academia, sociedad civil, activistas y diversos actores, se espera que pueda convertirse en un instrumento legal apto, eficiente y que logre cumplir con los objetivos establecidos, siempre con perspectiva de género.

Mariana Aldrete Arellano: Abogada egresada de la Universidad Panamericana, especialista en materia de amparo y género, con experiencia en litigio penal y compliance. Comprometida con el desarrollo integral y libre de violencia de género de las mujeres, adolescentes y niñas de México.