Por Isak Haras

En 2020, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que beber cloro podía ser una solución para prevenir el contagio del COVID-19, y naturalmente, fue rápidamente ridiculizado en redes sociales y en medios de comunicación, porque como es bien sabido, el cloro es tóxico para los seres humanos. Y por supuesto, en ocasiones, lo utilizamos para limpiar, pero sabemos que no debemos abusar de su uso al limpiar la casa porque nos hace daño. ¿Y saben qué más no debemos limpiar con cloro, porque puede tener consecuencias nocivas, peores incluso que el problema? El sistema electoral de México.

Podemos tener buenas o malas opiniones sobre la democracia, pero lo que es claro es que si vivimos en un régimen democrático, lo más conveniente es que tenga reglas limpias y claras, sin tendencias hacia favorecer a determinados partidos e individuos y respetando al electorado. Entonces, ¿cómo abona la más reciente iniciativa de reforma electoral a mejores reglas electorales en México? Pues, tiene algunos puntos de enorme utilidad, como reducir el financiamiento público de los partidos políticos y abaratar algunos costos operativos del proceso electoral, para poder focalizar estos recursos a otras finalidades. Sin embargo, parece que esta reforma es una limpia de cloro al sistema electoral en México.

¿Cuáles son los lastres de esta reforma? En primer lugar, la reforma planea recortar al máximo los escaños legislativos de representación proporcional. Las ventajas de los sistemas de representación proporcional es que aseguran que las minorías políticas también tengan voz y voto en decisiones públicas. Por supuesto, es conveniente tener menos senadores y diputados que cobran por hacer poco, como suele suceder en México, pero la ineficiencia de los legisladores debe corregirse obligándolos a ser eficientes (tanto como ciudadanos, no volviendo a votar por los que no lo sean, y con leyes), no recortando escaños que representan a minorías. Considerando que México es un sistema multipartidista, en el que suelen ganarse lugares en organismos públicos por mayoría relativa, un congreso sin representación proporcional vicia la representatividad real del Poder Legislativo.

En segundo lugar: la votación electrónica. Las elecciones, en su estado actual, no son suficientemente confiables, pues no podemos asegurar que todos los votos se están contando ni que no se están “engordando” urnas con votos falsos. Las votaciones electrónicas hacen todo más inseguro: hay interferencias, las plataformas de gobierno suelen caerse cuando demasiada gente las usa en un solo momento, hay cientos de hackers que podrían ingresar votos falsos o suplantar identidades fácilmente, y si se busca abaratar una elección, pagar y mantener la infraestructura que se requiere para una votación electrónica confiable no sería una vía efectiva.

Tercero, México es una Federación. Esto significa que las entidades de la República tienen poder sobre un gran número de asuntos locales, y solo los temas de interés nacional deben ser decididos colectivamente. La reforma propone límites al número de congresistas en los estados y de personal en los municipios del país, además de hacer depender las elecciones locales de un órgano nacional. No parece alinearse con la lógica federalista el hecho de que la Constitución nacional imponga límites a las entidades federativas para decidir la forma en la que se gobiernan, se organizan y gastan su presupuesto en sus órganos legislativos y ejecutivos. Esto podría convertirse rápidamente en materia para una controversia constitucional muy problemática, por una invasión de facultades, pero de resolución imposible, dado que las reformas electorales constarían en la Constitución.

Por último, la multicitada “transformación” del INE. Esta reforma politizaría la elección de altos funcionarios electorales, por lo cual la autonomía de la autoridad electoral se convertiría en un tema aprehensible para grupos políticos, y destrozaría los pesos y contrapesos en la designación de miembros de organismos constitucionales autónomos, como el INE. El propuesto instituto electoral parece tener mayor facilidad de organizar consultas populares, lo cual parecería benéfico en términos democráticos, pero juzgando por los ejercicios anteriores, se utilizaría solamente para que el gobierno pueda lavarse las manos ante decisiones controversiales o para politizar temas manifiestamente judiciales, lo cual supone un mal precedente de vulneración de la ley.

En resumen, se deben rescatar algunos puntos de esta iniciativa, pero desechar la mayoría, si buscamos mejores normas electorales. Politizar la estructura democrática solamente es benéfico para quien tiene la mayoría en el momento, y nunca para la ciudadanía. La reforma es una limpia de cloro a la democracia mexicana.

Isak Haras: Pasante con carrera terminada en proceso de titulación, en Derecho y Relaciones Internacionales, originario de la Ciudad de México, con práctica en los sectores de atención jurídica corporativa y regulatoria, ex-ITAM (2016-21).