Por: Esdras Valenzo


Corría el año 1995, ante la suma de grandes olas de violencia, impunidad y corrupción en la Costa Chica, región del Estado de Guerrero, nacía la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC PC). Esta organización nace como una respuesta a los desafortunados fenómenos ya mencionados, su principal característica: ser un cuerpo de seguridad pública integrado por habitantes de esas determinadas comunidades y cuya integración se determina en una Asamblea General, su órgano supremo. 

Es entendible la aparición de este tipo de organizaciones, el Estado no solo les falló una vez, los dejó a la deriva, los marginó, los obligó a determinar que su mejor opción para garantizar su integridad era tomar las armas y ejercer sus propias labores de seguridad pública. Son genuinas las causas que hacen que los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se organicen para establecer sus propios mecanismos de justicia. Diversos Tratados Internacionales (véase el convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución (artículo 2º Constitucional) reconocen a un amplio catálogo de derechos fundamentales a ese sector de la población, es una obligación del propio Estado reconocer que México es una nación pluricultural y la protección para ejercer los usos y costumbres debe de ser respetada.

         Hay una suma de tensiones entre el Derecho Positivo y los usos y costumbres que legitiman a las organizaciones de seguridad comunitaria, mejor conocidas como las autodefensas. La aparición de organizaciones como la CRAC no es más que una consecuencia natural que atraen los altos niveles de violencia e impunidad; la seguridad comunitaria forma ahora parte del día a día en Guerrero. Actualmente, surge la necesidad de intensificar el debate sobre la regulación de estas fuerzas policiacas, algunas organizaciones se han desvirtuado y son señaladas por ser responsables de múltiples violaciones a derechos fundamentales, con lo anterior, no quiero decir que todas las fuerzas comunitarias estén viciadas, al contrario, quiénes son los verdaderos policías comunitarios son aquellos que respetan plenamente sus usos y costumbres con el estricto apego a la legalidad.

         Nuevamente, las policías comunitarias tienen un amplio sustento legal, la principal tarea se encuentra en el establecimiento un equilibrio entre los usos y costumbres y el Derecho Positivo ordinario. Con los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas no solo hay una deuda histórica, también hay una deuda actual para reconocer de manera plena todo el catálogo de derechos. Hay dos claros sistemas de derecho en el Estado de Guerrero, y es será una enorme afronta para los tres poderes de gobierno poder garantizar su coexistencia, pero es una realidad que dicho escenario con una legislación bien planeada, garantista y que reconozca derechos es posible. Una fuerza comunitaria genuina, auténtica, limpia, que se elige a través de sus comunidades existe, y bajo estas bases es posible que ambos sistemas coexistan. Estos próximos meses serán claves para poder consolidar dicha coexistencia, tras las recientes sentencias[1] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria la creación de un nuevo marco normativo más amplio que consulte a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, esta es una enorme oportunidad para que, a través de una consulta realizada en los términos legales requeridos, México demuestre ser una nación pluricultural. En conclusión, un estado pluricultural es posible, los usos y costumbres tiene que ser protegidos, esa es una obligación del Estado, pero también es su obligación actuar conforme al Estado de Derecho y proteger todos los derechos fundamentales, la tarea es titánica, sin embargo, el panorama es esperanzador y la verdadera coexistencia puede encontrarse.


[1] Véase acción de inconstitucionalidad 81/2018 y acción de inconstitucionalidad 78/2018.

Esdras Valenzo: Egresado de la escuela de Derecho del ITAM. Interesado en todo lo que tenga que ver con las causas justas.