Por Isak Haras

Los Federalistas en Estados Unidos, al redactar los documentos legales fundacionales de dicho país, crearon un sistema de pesos y contrapesos, según el cual el poder más peligrosos y por ende, que era más necesario limitar, era el legislativo, seguido del ejecutivo. El Poder Judicial, según Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, no era un problema, pues aunque era importante, no tenía mucho poder. Por supuesto, aquellos tres hombres escribieron en la octava década del siglo XVIII, y jamás hubieran podido anticipar el auge que los poderes judiciales tendrían en la tercera década del siglo XXI, con los derechos fundamentales y el control judicial de constitucionalidad. Aún menos probable es que ellos, o cualquier político de tantos años atrás hubieran podido imaginar un poder judicial que permitiera a la corte más alta atraer casos, sin cumplir con el principio de definitividad, cuando los considerara de enorme relevancia.

            Ahora bien, en días recientes, las calles de la Ciudad de México comenzaron a llenarse de espectaculares solicitando a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que no permita liberar a los secuestradores y asesinos de Hugo Alberto Wallace, aduciendo que las pruebas y argumentos de estos eran falsos. Sin entrar a opiniones políticas sobre los méritos del sonado Caso Wallace, las teorías conspirativas que sugieren que la víctima fue vista con vida recientemente, y el hecho de que Isabel Miranda de Wallace (madre de la víctima) sea un personaje con proyección política, y por cierto, opositora del presente gobierno, es importante considerar que este caso termina por ser un microcosmos de las carencias y desastres del sistema penal mexicano. Analicemos por qué…

            Primero, Hugo Alberto Wallace fue presuntamente secuestrado y asesinado en 2006, hace 16 años. Se integró el proceso penal, y se detuvo a diversos sujetos supuestamente implicados. Si bien el caso no es una rareza entre los cientos expedientes de violencia en México, es un hecho que este resonó por todo el país, dado que la madre de la víctima emprendió una búsqueda propia por su hijo, ante la falta de respuesta de las autoridades de investigación. Primer foco rojo: las autoridades ignorando las denuncias sin investigarlas. Tiempo después, se sentenció a los detenidos y los enviaron a prisión. Más de 15 años después, hay amparos contra las decisiones previas del proceso (segundo foco rojo: aunque es mejor tomar más tiempo e investigar bien, 16 años para un proceso es demasiado y demuestra la ineficacia del sistema). Según diversos periodistas, el expediente de uno de los casos tiene información que evidencia las malas prácticas de las autoridades, la tortura para obtener confesiones e incluso las pruebas dudosas que aportaron los fiscales (tercer foco rojo).

            La evidencia de tortura y otros tratos crueles en el caso podría liberar inmediatamente a los imputados. Aquí, el cuarto foco rojo, pues aunque se desconoce en algún grado la culpabilidad de estas personas, la mala gestión de la justicia en México jamás debería demeritar la sustancia de los casos, porque deja sin justicia a las víctimas por motivos de los que estas no tienen responsabilidad. Y más allá de ello, como se mencionó, Isabel Miranda de Wallace tiene una identidad política, por lo cual el caso es fácilmente propenso a politizarse.

La Suprema Corte, en teoría, es un órgano independiente, pero en la práctica, no es un secreto cuáles son las lealtades políticas de cada ministro. El caso de los presuntos captores de Wallace no es particularmente único en el caudal de casos penales en México, pero la Corte decidió atraerlo, no por la tortura, pues ese es el pretexto (de otra forma, miles de casos tendrían que atraerse) ni porque tenga elementos de interpretación jurídica de especial dificultad o impacto social. El caso se atrajo por los ministros que tienen simpatía hacia una causa política opuesta a la Señora Wallace, evidentemente. Si no lo creen, vean la forma de votar para atraer el caso. El Poder Judicial ya no parece imparcial ni destinado a la técnica legal, sino ahora, es otro órgano político más, que olvida la justicia para fomentar una agenda. Triste realidad.

Isak Haras: Pasante con carrera terminada en proceso de titulación, en Derecho y Relaciones Internacionales, originario de la Ciudad de México, con práctica en los sectores de atención jurídica corporativa y regulatoria, ex-ITAM (2016-21).