Por Esdras Valenzo

“Si se aclara lo de Ayotzinapa se van a fortalecer las instituciones” – Andrés Manuel López Obrador

Aquella fatídica noche del viernes 26 de septiembre de 2014 aún duele, la herida no ha cerrado, uno de los episodios más trágicos en la historia nacional, la noche en que autoridades estatales y delincuentes desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de manera desgraciada, ¿un crimen de Estado? Por supuesto. Iguala presenció uno de los episodios más lamentables, lleno de violencia, y desafortunadamente de impunidad; con una “Verdad Histórica” que todo fue menos verdad.

La semana pasada, se publicó el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa; todo esto tras años de lucha y un martirio inimaginable para diversos colectivos, organizaciones no gubernamentales, y las familias de los estudiantes normalistas que se expresaron o manifestaron por el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables a lo largo de casi ocho años. La finalidad de este Informe fue el fortalecer el ejercicio del derecho a conocer la verdad que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen, garantizarles el derecho de acceso a la justicia que tanto han exigido.

¿Por qué se utilizó el mecanismo de una Comisión para la Verdad? La respuesta es clara y precisa, este tipo de mecanismos son de carácter temporal y tienen como objetivo el garantizar la justicia, reparación del daño y no repetición de los hechos; además, de obviamente garantizar el conocer la verdad de lo ocurrido, y así dar razones para establecer las líneas de reparación integral del daño hacía las víctimas. En este caso, al constituirse de manera particular (no solo con autoridades gubernamentales) esta Comisión, se buscó adoptar un nuevo modelo de intervención gubernamental en coordinación con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Obteniendo así, una perspectiva diferente de los hechos, misma que toma en cuenta a los familiares de los estudiantes, como las madres y/o padres de los jóvenes desaparecidos.

Ahora, este primer Informe concluye que existió un Crimen de Estado, puesto que los Guerreros Unidos se apoyaron con policías municipales y diversas autoridades del Estado que permitieron la desaparición de los estudiantes esa noche de septiembre. Es importante destacar que se concluye la ausencia de comunicación entre los estudiantes y el grupo delictivo, por lo que se terminará de esta manera la revictimización que han sufrido las familias de las víctimas. Asimismo, la famosa “Verdad Histórica” no fue más que una concatenación de omisiones y negligencias de autoridades estatales y federales que entregaron una versión ajena a la realidad de lo que se vivió esa noche. Desafortunadamente, este Informe finaliza con la falta de evidencias e indicios de que los estudiantes se encuentren con vida, al contrario, las propias evidencias acreditan que fueron ultimados y posteriormente desaparecidos.

¿Qué sigue tras este Informe? Se continuará con las investigaciones, se procederá legalmente contra los responsables y no debe de existir la impunidad. De esta manera las familias de los 43 estudiantes obtendrán su justicia, nunca más se deben permitir acciones concertadas desde el aparato organizado del poder que vulneren derechos fundamentales.

Finalmente, este tipo de acciones que buscan garantizar el acceso a la justicia a la población son el tipo de medidas necesarias para fortalecer el Estado de Derecho, y a la vez, sanar una herida que duele y perdura. Aceptando esta verdad, la herida cicatrizará, será un gran paso hacía mejores instituciones que protejan derechos humanos y fundamentales; asegurando así el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, y el derecho a la memoria de las víctimas.

Esdras Valenzo: Egresado de la escuela de Derecho del ITAM. Interesado en todo lo que tenga que ver con las causas justas.

* Ilustración del Gobierno del México. Disponible en: http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/