Por Isak Haras


En 1862, Ferdinand Lassalle escribió un libro titulado ¿Qué es una Constitución?, en el cual analiza la naturaleza de las normas de máxima jerarquía en una sociedad. En dicha obra, Lassalle propone que hay una constitución formal, que es “una hoja de papel”, y una constitución material, que representa las reglas que verdaderamente rigen el actuar de la sociedad. Ambos tipos de constituciones, en un buen número de casos, no coinciden, pues no todo el contenido de la constitución escrita es auténticamente obedecido, ni por los ciudadanos ni por las autoridades que aplican tales preceptos para hacerlos cumplir.

         Lo anterior es un claro indicio de peligro en cualquier sistema jurídico, pues la ventaja de tener normas formales, escritas y públicamente conocidas es que se mitiga la falta de certeza y seguridad jurídica, ya que si los ciudadanos desconocen sus obligaciones, no están en posibilidad de acatarlas y cumplirlas. Por otro lado, cuando las autoridades son ineficaces en la aplicación de reglas formales, como son las leyes, códigos y reglamentos, se pierde confianza en el orden público, por falta de garantías a la justicia. Aunque pueden existir muchos índices diversos para medir el éxito o fracaso de un sistema jurídico en la aplicación de sus normas, uno de los indicadores más claros es el porcentaje de casos penales en donde se halla y se sanciona a los sujetos activos.

         México pasa por una extendida crisis de Estado de Derecho. En 2021, el World Justice Project publicó su índice anual de Estado de Derecho, en el que se miden diversos factores para obtener una estadística sobre el Estado de Derecho de diversos países del mundo, siendo que los países con índice 0 carecen totalmente de Estado de Derecho y el índice 1 implicaría un ideal. México obtuvo una mísera calificación de 0.43, clasificado en el lugar 113 entre 128 países. Igualmente, México ocupa lugares bajos en respeto a la ley por funcionarios públicos (índice de 0.45, 102º lugar de 139), de corrupción (0.26, 135º lugar de 139), y seguridad (0.53, 130º lugar de 139). Ello revela que en México, la “Constitución de papel”, a pesar de ser una de las más garantistas del mundo, no se alinea con las reglas que rigen en la realidad, pues las normas legisladas son frecuentemente ignoradas. Aún más revelador es el hecho de que estudios de México Evalúa calculan que la impunidad en México se da en cerca de 94.8% de casos en los que existen denuncias.

         Cabe destacar que cuando la probabilidad de que un ilícito no sea sancionado, la sociedad tiene menos elementos disuasivos para respectar las reglas. Por lo anterior, si México no resuelve sus enormes carencias en el campo del Estado de Derecho, continuará caminando en un sendero de retroceso, de decadencia, e incluso de anarquía, pues entre más visible sea que el Estado no tiene la capacidad de hacer efectivas sus reglas, la sociedad mexicana dependerá más de la buena voluntad de la gente, que no es una garantía suficiente. Como sociedad, tampoco basta hacer compromisos sobre respetar disposiciones colectivas, pues siempre existirá quien no se sienta compelido a acatarlas, y ello sería suficiente para seguir involucionando hacia un sistema anárquico, donde quien decida comportarse está limitado por la prohibición de la autotutela, mientras que los transgresores no encuentran impedimento alguno en continuar sus actividades ilícitas.

         En conclusión, el problema con el Estado de Derecho en México no radica en tener la legislación correcta, sino en hacer cumplir las reglas existentes, y que la sociedad pueda tenerle fe a que las reglas se ejecutarán en la mayoría de los casos. De otra forma, estamos destinados a un riesgoso estado de anarquía, donde prevalece el más fuerte y no hay mecanismos institucionales efectivos para tutelar nuestros intereses. Igualmente, México terminará no con incertidumbre jurídica total, sino que se llegará al momento en el que haya certeza de que la ley no se aplicará en lo absoluto, que es peor.

Isak Haras: Pasante con carrera terminada en proceso de titulación, en Derecho y Relaciones Internacionales, originario de la Ciudad de México, con práctica en los sectores de atención jurídica corporativa y regulatoria, ex-ITAM (2016-21).