Por: Sebastián Hernández

La eficiente administración pública es parte de los derechos de cuarta generación, asociados, entre otros, con la aceleración tecnológica, transparencia, libre acceso a la información pública, derechos relacionados con el medio ambiente, protección del patrimonio histórico y cultural, participación ciudadana en la administración pública.

Este derecho está ubicado en la relación entre el ciudadano y la administración pública, así como de la imperiosa necesidad del cumplimiento del Estado de Derecho, el cual es parte consubstancial de todo ciudadano; partiendo de la premisa que los gobernados no son simples súbditos del Estado, sino que tienen derecho a una participación activa en la vigilancia del actuar del Estado. De esta manera, el derecho a una eficiente administración pública constituye una obligación de los servidores públicos para la construcción del bien común, a fin de que la relación ciudadano-administración se produzca en un ámbito de equidad, justicia y respeto a la dignidad de las personas.

En México este derecho no está regulado expresamente en la Constitución Federal. No obstante, es parte del andamiaje jurídico al estar reconocido en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México, derechos que constituyen e integran el parámetro de regularidad constitucional, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2008935.

La eficiente administración pública es un derecho consubstancial a todo ciudadano, el cual, además, está interrelacionado y vinculado con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la información, transparencia, tutela judicial efectiva, entre otros.

Como se adelantó, la Constitución de la Ciudad de México regula y desarrolla sustancialmente este derecho en su artículo 60. En este cuerpo normativo se estatuye que la buena administración pública se garantiza con un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, incluyente y resiliente que procure el interés público y combata a la corrupción.

Esto es, la buena administración pública constituye un derecho de las personas y un principio de actuación de los poderes públicos, en los cuales deben observarse los postulados referidos que integran esta prerrogativa. Con base en dicho derecho, las autoridades deben generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales, donde todo servidor público garantice el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y observancia de todas las normas rectoras de la sociedad.

Por ende, al ser obligación de todo servidor público de actuar con la conciencia de una buena administración pública y acorde a sus postulados, cualquier ciudadano cuenta con las acciones legales para exigir su cumplimiento, tornándose en actor central del control de la acción pública y combate a la corrupción.

Sebastián Hernández Ávila: Egresado y especialista en materia de amparo por la Universidad Panamericana. Asociado de la firma legal Guerra González y Asociados.