Por Isak Haras

El título de este artículo es absurdo, y no es coincidencia. Y es que el dramaturgo rumano Eugene Ionesco se considera el máximo expositor del género conocido como teatro del absurdo, mismo que se distingue por ofrecer entretenimiento en vivo en el cual las representaciones consisten de situaciones ridículas, sin sentido y plenamente irracionales que se oponen a las leyes básicas de la naturaleza. Ahora bien, ¿qué tiene este género literario que ver con la Suprema Corte de Justicia (“SCJN”, en lo sucesivo) mexicana? La SCJN ha logrado poner en escena algunos espectáculos que son cercanos a las narrativas de Ionesco, pero desafortunadamente, la realidad supera a la ficción, y las decisiones de la SCJN tienen efectos sobre el mundo real.

         El pasado 3 de diciembre de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte formó jurisprudencia por contradicción de tesis, en el sentido de que se puede rectificar la fecha en actas de nacimiento, incluso para reflejar una fecha posterior a la que estaba asentada. La SCJN justificó este argumento, fundándose en el principio pro persona y en el derecho a la identidad personal. La Primera Sala incluso dio prioridad a la “verdad personal” sobre la “verdad biológica”. Es cierto que anteriormente, existían rectificaciones, en virtud de que algunos nacimientos eran registrados años después de que realmente ocurrieran, y se asentaba una fecha que de buena fe, pudiera considerarse real, pero si la fecha modificada es posterior a la original, es evidente que el acta no constataría la fecha real de nacimiento de la persona en cuestión.

         Lo anterior ignora toda lógica científica, biológica y física, sobre el tiempo y espacio, pero esta decisión puede tener efectos pragmáticos, con incentivos perversos que la SCJN no consideró al momento de emitir tal decisión para un caso civil de Sinaloa. El acta de nacimiento tiene la utilidad de brindar datos básicos sobre una persona; sin embargo, los motivos para los que se utiliza un acta de nacimiento requieren cierta objetividad, pues a los usuarios que reciben actas de nacimiento generalmente no les interesa la “verdad personal” del titular del acta. Además, es menester considerar algunos escenarios hipotéticos problemáticos que se podrán generar por el reconocimiento de este derecho.

         Como bien se sabe, hay algunos derechos que únicamente se obtienen en virtud de la edad de su titular. Por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a pensiones de seguridad social para la vejez, el derecho a prestaciones para adultos mayores (e.g. INAPAM), el derecho a acceder a cargos públicos, y el derecho a obtener alimentos de los padres, entre otros. Como sociedad, hemos desarrollado reglas jurídicas para proteger a determinados grupos de edad de riesgos a los que son más vulnerables, y para optimizar la gobernanza.

Con ello vienen las preguntas difíciles: ¿sería legítimo que un sujeto de 20 años se ostente como alguien de 70 años, y con ello, acceda a beneficios que corresponden a personas mayores o a programas sociales de recursos limitados, destinados a estos grupos de edad? ¿Deberíamos permitir que un menor de 10 años se postule a la Presidencia de la República u obtenga sufragio electoral, porque considera que es una persona de 40 años de edad, incluso si la madurez real de dicho individuo sigue siendo la de un niño, como su “verdad biológica” inmutable indica? ¿No permitiría esta decisión a un pederasta convencer a menores de edad de modificar su edad, someterlos a actos sexuales, y argumentar que son mayores? Y si no hay un acta de nacimiento con datos reales, ¿qué herramientas jurídicas quedan disponibles, si la “verdad personal” es la que cuenta, y no la verdad científica?

En conclusión, es de vital relevancia que la SCJN deje de emitir fallos absurdos que se convierten en jurisprudencia, por perseguir una agenda excesivamente progresista, que enfatiza la negación de verdades objetivas y convierte a la falsedad en un derecho humano, cual una obra de teatro del absurdo. Como dice frecuentemente el comentarista político Ben Shapiro, “a los hechos no les importan tus sentimientos”, y el Estado debe guiarse por hechos, no por emociones subjetivas negacionistas de realidades incontrovertibles.

Isak Haras: Pasante con carrera terminada en proceso de titulación, en Derecho y Relaciones Internacionales, originario de la Ciudad de México, con práctica en los sectores de atención jurídica corporativa y regulatoria, ex-ITAM (2016-21).