Por: Jaime del Puerto


México es una democracia representativa.[1] ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos no ejercemos de forma directa el poder en la toma de decisiones, sino que elegimos a representantes para que ellos lo hagan. Ahora bien, nuestra Constitución prevé algunos mecanismos de participación directa típicos de una democracia participativa, los ejemplos más claros y frescos son la consulta popular y revocación de mandato.[2]

         Una de las razones torales por detrás de la idea de democracia participativa o directa es que la toma de decisiones trascendentales de un país pase por la voz y deseo de sus ciudadanos directamente. Una decisión de este tipo cuenta con la ventaja que involucra a todos los sectores de la sociedad y, en consecuencia, goza de una legitimidad altísima, sino que total. No obstante, parece que en México existe un grupo marginalizado de estos procesos. Este grupo son las personas privadas de su libertad, tanto por sentencia firme como aquellos en prisión preventiva. La diferencia entre ellos es que, mientras los primeros ya fueron condenados el segundo grupo, no.

         Empezaré por el contingente formado por las personas en prisión preventiva por ser más sencillo su análisis a partir de pronunciamientos recientes. En tiempos recientes, ha existido una tendencia en maximizar el derecho al voto de este grupo. La prueba de ello, son las resoluciones en los juicios SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 de la Sala Superior del TEPJF y la contradicción de tesis 6/2008.[3] En ambos casos, estamos en presencia de razonamientos que han optimizado la posibilidad de votar a las personas en prisión preventiva. De hecho, como consecuencia de las resoluciones del Tribunal Electoral, el INE implementó una prueba piloto en las elecciones de 2021 con miras al 2024. A pesar de que, esto fue explícitamente al voto considero que la tendencia crecerá y, eventualmente, podrán participar en todos los procesos democráticos.

         La gran problemática se plantea cuando uno observa la situación de las personas privadas por sentencia firme en términos democráticos. Ojo, no se trata solamente de votar en elecciones se trata de reflexionar sobre la posibilidad de que estas personas participen en todos aquellos procesos de democracia participativa. Pensar en dicho dilema necesariamente conlleva plantearnos ciertas preguntas: ¿Cuál creemos que es el fin de la pena?, ¿No es acaso la pérdida de la libertad la mayor sanción posible?, ¿Deben todos los presos ser sanciones por igual, aunque los delitos cometidos sean diversos?, En términos democráticos ¿No enriquece más su participación?, ¿Prohibir su participación no retroalimenta los prejuicios y genera un efecto estigmatizador y, con ello, promovemos su discriminación?, ¿Es útil esta sanción para reducir la incidencia delictiva?, ¿Cómo puede ser posible lograr una correcta reinserción social sino los sujetos son excluidos de una precondición democrática como es el participar en los asuntos públicos?

         Lo anterior son sólo algunas de las interrogantes que me he planteado al momento de reflexionar del tema, estoy seguro de que muchas más pueden ser planteadas. Sin embargo, para robustecer la conversación cabe tomar en cuenta lo sucedido en otras partes del mundo, por ejemplo, en Australia las personas privadas por sentencia firme pueden votar en elecciones federales si su pena es de cinco años o menor; en China pueden votar salvo aquellos bajo pena de muerte; en Alemania pueden siempre que no hayan sido sentenciados por traición, fraude electoral o espionaje.

         Asimismo, considero que hay dos ópticas que valen ser mencionadas, un punto de vista desde la democracia y otro en términos políticos. Bajo mi concepción, considero que cualquier debate o diálogo ser enriquece en la medida en que tiene mayores puntos de vista y participa el mayor número de grupos, algo así como “diversidad=mejor diálogo”. En este sentido, vale la pena traer a colación no sólo el derecho al voto y ser votado sino el principio de reinserción social establecido en la Constitución. Así, a la luz de nuestra ideal democrático, del derecho al voto y el principio de reinserción social parece más que necesario replantear la prohibición de participación a las personas privadas de su libertad por sentencia firme en procesos democráticos.

Visto en términos políticos, si este grupo no vota, ni participa en los procesos democráticos sé invisibiliza. Solo basta pensar cada cuánto se hablan iniciativas, reformas o la situación de los reos. Su excepción, fue “El Mijis”, pero, de nuevo, fue una excepción. Darle participación en los procesos democráticos es ponerlos en el espectro político y otorgarles peso a su voz de tal forma que sean considerados.

         Con todo lo expuesto, es claro que el panorama actual es incongruente con las ideas de democracia contemporánea y con la esencia de los derechos humanos. Sin embargo, la respuesta a la problemática planteada dista de ser sencilla uno podría hacer pensar en innumerables medidas sobre la participación diferenciada que deberían tener aquellos sentenciados por robo, fraude electoral, violación, defraudación fiscal o delincuencia organizada, etc o, incluso, plantear un tratamiento homogéneo. De lo que no hay dudas, es que el estado constitucional contemporáneo nos obliga a tener esta conversación y dar una respuesta que, en términos democráticos y de derechos humanos, sea rica y robusta sobre todo cuando las razones utilizadas hasta ahora han sido argumentos sobre factibilidad y practicidad más que de razonamientos de peso constitucional.


[1] El artículo 40 de nuestra Carta Magna afirma: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

[2] Para mayor detalle sobre los mecanismos de participación directa véase el artículo 35, fr. VII, VIII, IX.

[3] De la cual derivó la jurisprudencia de rubro: DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD. Registro digital: 161099; Instancia: Pleno; Novena Época; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 33/2011; Tipo: Jurisprudencia.

Jaime del Puerto: Abogado apasionado por la justicia y las causas genuinas. Siempre abierto al diálogo y al debate.