La razón por la que las personas entran en la sociedad es para preservar su propiedad” – John Locke.

Por: Esdras Valenzo


El derecho a la propiedad privada es uno de los pilares fundamentales en la sociedad, pero usualmente al escuchar la palabra “expropiar,” algunas personas tiemblan de miedo,  puesto que el riesgo de perder su propiedad a cambio de un valor muy por abajo del mercado era sumamente amplio, la indemnización al expropiar cualquier inmueble versaba sobre el valor catastral.

Lo anterior, era algo muy injusto, hasta principios de abril cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las tasas de indemnización en casos de expropiación debían ser con base en su valor comercial. Nuevamente, cuando se pagaba en su valor catastral la situación era bastante desproporcional, puesto que este método de valoración de inmuebles que es utilizado por el Catastro del Municipio toma en cuenta diferentes factores; para calcular el valor catastral de una casa o de una finca se tiene en cuenta la localización del inmueble, la antigüedad del edificio, la calidad de la construcción, los gastos y aptitud para la producción, el coste del suelo o si tiene carácter histórico-artístico, entre otras cuestiones y por lo regular (si no es que en todos los casos) el valor es (muy) inferior al valor comercial.

La Segunda Sala de la SCJN en el Amparo directo en revisión 3050/2020, reivindica de esta manera la protección al derecho a la propiedad privada, apelando a lo señalado por la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y basándose en el principio pro-persona. La expropiación tiene como requisito que exista una causa de utilidad pública pero ningún tipo de causa debe de transgredir derechos fundamentales y mucho menos colocar en situación de vulnerabilidad a cualquier persona. Todas las personas gozan de un derecho a la propiedad y este debe de ser garantizado por el Estado Mexicano, por lo que si bien el Estado puede (bajo determinadas condiciones) expropiar determinada propiedad, se tienen que respetar las garantías del derecho a la propiedad de las personas propietarias establecidas en la Constitución y demás Tratados Internacionales.

Hay que valorar la importancia de este nuevo criterio, puesto que señala una gran ampliación en el alcance de la protección al derecho a la propiedad privada. Retomando el argumento del principio pro-persona, se debe buscar una solución que beneficie de mejor manera al propietario en caso de indemnización, utilizando el bloque de convencionalidad se determinó que una solución justa es pagar la indemnización bajo su valor comercial, de esta manera no se atentará contra el patrimonio de la persona expropiada. Llama mucho la atención uno de los principales argumentos de la Segunda Sala en que ninguna reparación del daño puede implicar enriquecimiento ni mucho menos empobrecimiento de las personas afectadas, en el entendido que una compensación adecuada tiene que evitar la disminución del patrimonio ante las arbitrariedades.

En conclusión, sentencias de este tipo son las que nuestro país necesita, es urgente que sigan promoviéndose este tipo de fallos que van hacía una justicia social, la SCJN como institución garante de la Constitución ha dado un paso hacía adelante al terminar con años de injusticias en materia del derecho a la propiedad, reivindicando así la manera en la que se protegerá al propietario ante determinados casos (algunos arbitrarios) frente al Estado.

Esdras Valenzo: Egresado de la escuela de Derecho del ITAM. Interesado en todo lo que tenga que ver con las causas justas.