Por: Mariana Aldrete Arellano


La violencia de género se ha presentado como un problema crítico en nuestro país. Durante los últimos meses se han presentado incrementos en las cifras relativas a feminicidios y otros delitos de carácter sexual, numero que resultan alarmantes. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el primer trimestre del año cerró con 229 feminicidios registrados.

La tipificación del feminicidio como delito en nuestro país surge como consecuencia de la ola de violencia que viven las mujeres cotidianamente. La tipificación de estos delitos, mismos que evidencian la violencia de género de manera específica, representa un esfuerzo por parte de la autoridad para garantizar un sistema penal que permita a las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. De esta manera, diversas académicas, como Lucía Melgar se han pronunciado al respecto, comentando que la tipificación de esta conducta delictiva permite incursionar la perspectiva de género en distintos ámbitos gubernamentales y políticas públicas.

Ahora bien, durante mucho tiempo ha existido la discusión entorno a la consideración del feminicidio simplemente como una agravante al delito de homicidio, o en otros casos, inclusive se ha puesto sobre la mesa la propuesta de eliminar el feminicidio como un tipo penal. No obstante, descartar el tipo penal trae consigo el menoscabo de la violencia de género, el acortamiento de la lucha de las mujeres y la simplificación del problema de seguridad pública que vive nuestro país actualmente.

El Derecho como ciencia jurídica debe enfocarse a comprender las distintas realidades de los gobernados del territorio en el que opera, con la finalidad de resolver los conflictos sociales de manera coordinada con los distintos órganos de gobierno. Sin embargo, el día de hoy somos conscientes de que las legislaciones federales y locales no han alcanzado para garantizar los derechos humanos o la justicia social de las mujeres en México. Las implicaciones legales del reconocimiento del feminicidio como conducta delictiva permiten, por tanto, expandir las acciones al ámbito académico, administrativo e inclusive a la búsqueda de una efectiva administración y procuración de justicia.

Casos mediáticos como el de Debanhi Escobar son solo un reflejo de la necesidad de reconocer al feminicidio como un delito equivalente al tipificado como homicidio, pero con diversos elementos enfocados a la violencia de género. Esto no sólo debe distinguirse en la legislación aplicable, sino también, en lo referente a las capacitaciones, educación, acercamiento y preparación de las distintas autoridades y/o funcionarios públicos que forman parte del proceso de investigación y de los procesos judiciales, mismos que, se espera terminen en una sentencia condenatoria por feminicidio cuando así se acredite.

Es necesario establecer que la lucha entre el tipo penal de homicidio vs. el feminicidio sigue siendo una discusión latente en nuestro país, mientras se encuentra en proceso de superación debemos seguir trabajando para que a través de la tipificación de este en el Código Penal Federal y en los diversos códigos estatales se reconozcan y garanticen los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país. La violencia de género ya rebasó a las autoridades, es momento de reconocer nuestra realidad social a través del Derecho

Al separar técnicamente el homicidio del feminicidio estamos visibilizando una violencia estructural que se forma contra las mujeres, misma que surge de la dominación patriarcal y que en un país como México, gobernado por el machismo, le cuesta la vida a 11 mujeres diariamente. Transformar en argumentos jurídicos la violencia feminicida permite la creación de normas, estrategias, políticas públicas y acciones dirigidas a la sensibilización y a la adopción de mecanismos que protejan a las mujeres. 

Mariana Aldrete Arellano: Abogada egresada de la Universidad Panamericana, especialista en materia de amparo y género, con experiencia en litigio penal y compliance. Comprometida con el desarrollo integral y libre de violencia de género de las mujeres, adolescentes y niñas de México.