Por Isak Haras
En 1978, en medio de un álgido debate legislativo en Estados Unidos, el senador Barry Goldwater cuestionó la iniciativa de crear un programa de amnistía para regularizar a migrantes que entraron a su país ilegalmente, alegando que esto sería injusto al recompensar a quienes vulneraron la ley, mientras que aquellos cumplidos atravesaron un largo y difícil proceso para adquirir la residencia o la ciudadanía. Esta visión suele ser repudiada por una gran parte de la sociedad mexicana, lo cual es natural, dado que México es uno de los países con más emigración en el mundo. No obstante, en México, es poco común que se hable de cómo nos perjudica la migración ilegal como civilización, pero más allá de cuestiones ideológicas, no se puede negar que un mejor control de la migración ilícita puede tener efectos positivos.
Antes de debatir este tópico, es de vital importancia precisar algunos puntos: la migración ilegal no es moral ni inmoral; fácticamente, solo representa un cambio de ubicación geográfica que consiste en atravesar una línea dibujada artificialmente por conveniencia política. El problema radica en que dentro de esas líneas imaginarias, existe una sociedad que, teniendo prohibida la autotutela, se ve obligada a delegar el resguardo de su seguridad al Estado, y si el Estado desconoce quién está dentro de su territorio, su gente está en riesgo. Ello no implica que todos los migrantes ilícitos sean malas personas pero sí que cuando el Estado pierde la capacidad de manejar sus fronteras, da pie a la entrada tanto de personas que meramente entran por necesidad como de miembros de grupos delictivos, en igualdad de condiciones.
Y bien, ¿en qué afecta la migración ilegal a México? México es generalmente un país de paso para ciudadanos de países centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos, pero tiene una oscura historia de ser excesivamente permisivo con la gestión de la frontera sur. El fácil acceso a México por estados como Chiapas ha permitido el ingreso de grupos de la delincuencia organizada como aquellos conocidos como las “maras”. Las maras son despiadadas células de criminales, que buscan personas humildes, roban sus pertenencias, perpetran homicidios, feminicidios, secuestran personas y cometen violaciones, entre otros delitos. Una característica de las maras es que sus acciones no suelen estar enfocadas principalmente (aunque en ocasiones, sí accesoriamente) a la producción de dinero, como sucede con los cárteles de la droga, sino que hay un componente hedonista para perpetrar estos crímenes. Si no se controla la frontera sur del país, tal vez entren personas que no tienen malas intenciones (a las que no hay obligación de recibir), pero seguirán entrando estas pandillas, que ponen en peligro la seguridad de por sí endeble de los mexicanos.
Igualmente, no puede ser ignorado el hecho de que la frontera sur es un punto de la ruta de la delincuencia transnacional, pues así como los migrantes se unen en caravanas y siguen un camino hacia la frontera norte de México, el crimen organizado utiliza las mismas rutas de tránsito para movilizar negocios de tráfico de armas, drogas, y trata de personas, y en algún punto, ambos fenómenos se entrelazan. Las estructuras delictivas usan a los migrantes como un negocio colateral, como manta de encubrimiento o a veces, los introducen como víctimas a redes de trata, dotando a estos grupos de mayores recursos económicos. Cuando las fronteras tienen mayor seguridad, se disminuye un problema de seguridad pública, y por ello, si México hace un mejor trabajo resguardando sus límites territoriales, también se asegura de no incurrir en omisiones que pondrían en peligro a la población a la que está legalmente obligada a proteger.
No cabe duda, entonces, que el mejor manejo de las fronteras y el resguardo de la legalidad, más allá de las consideraciones políticas, puede generar círculos virtuosos. No se debe perder de vista que el Estado tiene, en primera instancia, una obligación de proveer seguridad, porque este mismo prohíbe a sus ciudadanos proveerla para sí mismos, y por consecuencia, no debe ser omiso en eliminar riesgos innecesarios a la integridad física de su población. Cabe recordar que en la legalidad, la migración ilegal no debe ser entendida como un problema moral, sino como una consideración de gobernabilidad.
Isak Haras: Pasante con carrera terminada en proceso de titulación, en Derecho y Relaciones Internacionales, originario de la Ciudad de México, con práctica en los sectores de atención jurídica corporativa y regulatoria, ex-ITAM (2016-21).

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