Por: Mariana Aldrete


La realidad social y jurídica de la impartición de justicia en nuestro país se encuentra rebasada por índices de violencia que aumentan día con día. La violencia de género es uno de los indicadores que está creciendo de manera exponencial. La necesidad de impartir justicia con perspectiva de género atiende a la violencia sistemática que sufren mujeres, adolescentes y niñas todos los días. Según cifras oficiales, cada día desaparecen 7 mujeres y cada mes, alrededor de 292 -aproximadamente- sufren muertes violentas.

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) la perspectiva de género está definida como la “metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres”. Ahora bien, ¿Cómo se relaciona este concepto con la tarea del juzgador?, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado e interpretado dentro del ámbito jurisdiccional este concepto como una herramienta para la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se busca desmontar contenidos y volverlos a dotar de significado, colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente existente, es decir, permitir visibilizar a las mujeres, dentro del estereotipo de género y la realidad específica que les atañe, distribuyendo cargas injustificadas a partir de estos al momento de impartir justicia.

Además de lo anterior, es importante resaltar que los esfuerzos por feminizar el derecho no sólo corresponden al más alto tribunal de nuestro país, sino que forman parte de los sistemas universales e interamericanos de derechos humanos, por lo que la observancia de los criterios de perspectiva de género no es únicamente convencional y constitucional, sino que, como recientemente comento la Ministra Esquivel Mossa, es un deber ético y moral que deben tener los juzgadores dentro de su vocación transformadora para la sociedad, una sociedad que debería buscar una vida libre de violencia para las mujeres.

A pesar de los esfuerzos objetivos mencionados anteriormente, es indispensable traer a colación la realidad que viven las mujeres en el ámbito penitenciario. Según datos del Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria 12 mil 782 mujeres se encontraban privadas de su libertad hasta enero del 2022. Esta otra cara de la moneda muestra que las mujeres que se enfrentan a procesos en materia penal, generalmente, son sentenciadas con penas mayores a las de los hombres, materializando la perspectiva patriarcal bajo la cual se encuentra viciado el sistema jurisdiccional mexicano. Esta verdad estadística demuestra que los esfuerzos que se han realizado hasta ahora “en papel” no han sido suficientes hasta el día de hoy. Es necesario que los protocolos, normas e interpretaciones acerca de la aplicación de la perspectiva de género por parte de los juzgadores se trasladen a las acciones jurisdiccionales de manera material, directa y objetiva. Es crucial mencionar que esto no sólo compete al ámbito penal, en referencia al ejemplo en cuestión, sino a todas las materias y para toda aplicación del Derecho en estos otros procesos jurisdiccionales.

No es la primera vez donde observamos una disparidad entre el ámbito jurídico formal y la realidad subjetiva que viven los gobernados. Es necesario que tanto juzgadores como servidores públicos involucrados en estos procesos puedan entender a cabalidad las consecuencias que tienen los estereotipos de género, y que, bajo estas premisas, logren implementar acciones que conviertan al sistema jurisdiccional patriarcal en uno que busca entender y aplicar los nuevos paradigmas de la perspectiva de género con la finalidad de lograr una transformación judicial, social y cultural.

Mariana Aldrete Arellano: Abogada egresada de la Universidad Panamericana, especialista en materia de amparo y género, con experiencia en litigio penal y compliance. Comprometida con el desarrollo integral y libre de violencia de género de las mujeres, adolescentes y niñas de México.