Por Isak Haras


La teoría económica nos dice que existen recursos limitados para saciar necesidades ilimitadas del ser humano. Lo mismo aplica a los recursos públicos: hay una determinada cantidad de dinero que el Estado puede recaudar, y no es suficiente para satisfacer en su totalidad el enorme número de finalidades que un Estado podría tener. Por tanto, es necesario racionar el erario público, presupuestar periódicamente para determinar la forma de ejercer los fondos públicos, y sacrificar algunos conceptos para asegurar la cobertura de otros. Hay algunas cosas que no se pueden sacrificar, como por ejemplo, el gasto en salarios del sector público o el mantenimiento de instituciones policiacas, dado que estas son funciones públicas obligatorias por excelencia.


​Cuando pensamos en qué recortar del gasto público, ¿qué tal el financiamiento a partidos políticos? Una de las justificaciones detrás de ceder recursos públicos a favor de partidos políticos es la de asegurar que todos ellos, que en teoría representan distintos intereses de la ciudadanía, tengan las mismas oportunidades en un proceso electoral, para darse a conocer y promover sus respectivas plataformas. No obstante, es bien conocido que los partidos políticos suelen ser nidos de corrupción, de conflictos de interés y de asignaciones cuando menos cuestionables de sus recursos. Y mientras se sacrifica lo que los ciudadanos pagan de impuestos en materias esenciales como salud, educación y seguridad pública, la Hacienda adjudica miles de millones de pesos anuales a estas instituciones.


​Ahora bien, ¿cuál es el problema de usar recursos públicos para fondear a partidos políticos? Primero, no se puede negar que los partidos políticos son grupos de interés. A los ciudadanos les interesa recibir servicios del gobierno, que son de interés público y generan un beneficio potencial para los contribuyentes, mientras que no derivan una utilidad directa de financiar grupos de interés, para asegurar su equidad electoral. En todo caso, ello genera incentivos perversos, permitiendo la fácil constitución de partidos políticos con un apoyo muy escaso, para generar más dinero para personajes no oficialmente aliados a partidos más importantes. Se consiguen firmas de personas del partido grande, se constituye un partido destinado a morir en el siguiente proceso electoral, se le adjudican fondos, estos se distribuyen, el partido fracasa en la elección, pierde su registro, y en el siguiente proceso electoral… ¡se repite!


​En cambio, cuando los partidos políticos tienen que buscar financiamiento de particulares, se ven obligados a tener una plataforma de apoyo real, reduciendo la posibilidad de crear partidos “satélite” que únicamente ordeñan los recursos públicos. Adicionalmente, los impuestos podrían ser utilizados para propósitos que verdaderamente beneficien a la población, y no meramente a representantes de intereses sectoriales, fuera de su faceta de representantes populares. De cualquier manera, la obligación de informarse sobre las opciones electorales corresponde a los ciudadanos, y por tanto, la disparidad en la publicidad que recibirían los partidos políticos sin recursos públicos no sería una justificación democrática. Además, los ciudadanos tienen intereses y valores distribuidos de forma heterogénea, y cuando la parte de la población que apoya a un partido político es muy pequeña, no se justifica el enorme costo que tiene mantener a los partidos pequeños.


​En conclusión, podrían existir interesantes ventajas de modificar leyes para permitir el financiamiento privado a partidos políticos, y aliviar la carga fiscal y financiera del Estado para mantenerlos. Igualmente, en tiempos electorales, los partidos estarían arrinconados a una mejor rendición de cuentas, dado que los inversionistas privados tienen mayor control y poder de decisión sobre su capital, situación que no existe para el uso de dinero recaudado a través de impuestos.